TRUJILLO, LA LIBERTAD. La falta de presupuesto ha obligado a la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de La Libertad a modificar una diligencia programada dentro de la investigación contra Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como «Jhonsson Pulpo», señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Pulpos.
El investigado se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, en Lima. Sin embargo, el despacho fiscal a cargo del caso no podrá realizar presencialmente su declaración, inicialmente prevista para el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 9:30 de la mañana.
La decisión consta en una providencia fiscal emitida el 11 de noviembre, correspondiente al caso fiscal N.º 20-2024, suscrita por el fiscal Álex Santa Cruz Morales.
El documento, al que tuvo acceso Causa Justa, señala expresamente: «Ante la falta de presupuesto institucional, no es posible llevar a cabo la referida diligencia de manera presencial».
La declaración se realizará mediante la plataforma Google Meet, con participación del investigado y su abogado defensor. La providencia fiscal permite reconstruir cómo se modificó la programación. El 3 de noviembre de 2026, el despacho fiscal dispuso recibir la declaración de Jhonsson Cruz Torres el jueves 19 de noviembre, con la participación de su abogado.
Tres días después, el 6 de noviembre, se precisó que la diligencia se desarrollaría de manera presencial. Sin embargo, el 11 de noviembre, el fiscal Álex Santa Cruz Morales emitió una nueva providencia para modificar esa decisión. La Fiscalía argumentó que el cambio permitiría mantener la fecha programada sin afectar el derecho de defensa del investigado.
Para sustentar la decisión, invocó el artículo 119-A del Código Procesal Penal, relacionado con el empleo de medios tecnológicos en las actuaciones procesales. La resolución establece que Cruz Torres deberá participar con su abogado defensor y que ambos deberán conectarse anticipadamente, con cámara y micrófono activos.
La situación adquiere especial relevancia porque Jhonsson Pulpo se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, mientras que la investigación está a cargo de una fiscalía especializada de La Libertad.
Una diligencia presencial habría requerido las coordinaciones correspondientes para recibir su declaración en el lugar de reclusión. No obstante, el documento fiscal no precisa qué gastos debían cubrirse, cuánto presupuesto se necesitaba ni si se solicitaron recursos adicionales.
Tampoco identifica expresamente los costos de desplazamiento como la causa exclusiva de la modificación. Lo que sí confirma es que la falta de presupuesto institucional impidió mantener la modalidad presencial previamente dispuesta. Esta situación plantea interrogantes sobre la disponibilidad de recursos para las fiscalías que investigan organizaciones criminales con integrantes detenidos en otras regiones del país.
Hay que señalar que la Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smit Cruz Torres por su presunta vinculación con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla. La medida fue ordenada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos. También se dictó prisión preventiva contra Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, detenido en Bolivia junto con Cruz Torres.
Jhonsson Pulpo fue capturado el 1 de septiembre de 2026 en La Paz, Bolivia, durante una operación policial internacional, y posteriormente trasladado al Perú. La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una sentencia condenatoria por los hechos actualmente investigados. La investigación está relacionada con el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el 30 de agosto de 2026 en Trujillo.
Durante los hechos murieron cuatro personas del entorno del empresario.
Según la hipótesis del Ministerio Público, Jhonsson Cruz Torres habría dirigido el secuestro desde territorio boliviano. La Fiscalía deberá sustentar esta imputación con los elementos de convicción obtenidos durante la investigación.
La declaración del investigado constituye una oportunidad procesal para que ejerza su derecho de defensa, aunque también puede acogerse a su derecho a guardar silencio.
Su participación en la diligencia no supone reconocimiento de responsabilidad.
El caso expone una contradicción que merece atención pública. Mientras el Estado anuncia medidas para enfrentar a organizaciones vinculadas con extorsiones, secuestros y homicidios, una fiscalía especializada reconoce que no dispone de los recursos necesarios para desarrollar presencialmente una diligencia previamente programada. La decisión deja una pregunta pendiente: ¿cuentan las fiscalías especializadas con el presupuesto suficiente para realizar todas las actuaciones que consideran necesarias?
El problema no se reduce al costo de un viaje. También involucra la capacidad operativa de las instituciones encargadas de investigar delitos complejos, que pueden requerir desplazamientos, peritajes, coordinación interregional y diligencias simultáneas.

