Yuri Castro
En su momento, la empresaria María del Pilar Arambulú Alvarado, acusada de ser la presunta autora intelectual del homicidio de la abogada trujillana Liset Jacquelin García Villanueva, perpetrado el 13 de junio del 2013, no esperó ni un minuto más en suelo patrio y ni bien se le presentó la oportunidad abandonó el país para alejarse de la responsabilidad penal que aún carga sobre sus hombros.
El 13 de diciembre del 2019, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, integrado por los magistrados Omar Pozo Villalobos, Jaino Grandez Vilchez y Miriam Santillán Calderón, por unanimidad, condenaron a veinte años de cárcel a la empresaria agroindustrial e inmobiliaria, al encontrarla culpable del delito que se le imputaba.
Hasta allí, con este fallo judicial en primera instancia, la dueña de una constructora e inmobiliaria, estaba con el cerco cerrado. En la resolución del Colegiado se disponía su inmediata captura y encierro en una de las celdas del penal El Milagro de Trujillo, al igual que a su chofer, Dante Richard Hinojosa Puertas, quien recibió la misma pena y, de acuerdo a las investigaciones policiales y fiscales, fue el que supuestamente contrató a los sicarios para asesinar a la abogada a solicitud de Arambulú Alvarado.
Sin embargo, ella, al igual que su cómplice, no se presentó a la lectura de sentencia, por lo que no se pudo concretar su reclusión en el establecimiento penitenciario. Aunque esto no se ha podido establecer, pero, al parecer, la empresaria ya conocía lo que se le venía encima, es decir del fallo judicial adverso en su contra, pues de acuerdo a su movimiento migratorio, el 2 de diciembre del 2019, once días antes de que se le dictara sentencia condenatoria, alistó maletas y viajó a los Estados Unidos.
Según estos documentos, Arambulú Alvarado regresó a Perú recién el 14 de marzo de este año, veinte días después de que la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, integrada por los jueces Carlos Eduardo Merino Salazar, Eliseo Giammpol Taboada Pilco y Raúl Ipanaque Anastacio (juez supernumerario o suplente), emitiera una resolución suspendiendo la aplicación de la pena condenatoria de 20 años de cárcel y, por ende, su orden de captura, mientras la sentencia no sea consentida o resuelta en segunda instancia, aceptando, de esta manera, la solicitud planteada por sus abogados.
La resolución, a través de la cual se le dejó sin efecto la orden de captura contra la empresaria, se emitió el 24 de febrero de este año. Los familiares de la abogada asesinada, que en los próximos días realizarán un plantón en rechazo al fallo emitido por la Tercera Sala, temen que la empresaria nuevamente salga del país, teniendo en cuenta que contra ella no pesa ninguna orden de captura. Lo mismo puede hacer su chofer y calificado como cómplice, Dante Hinojosa Puertas.
Los abogados de la empresaria María Arambulú Alvarado han apelado la sentencia a veinte años de cárcel dictada, en primera instancia, por el Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo. El recurso lo tendrá que resolver la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, conformada por los magistrados Cecilia León Velásquez, Manuel Sosaya López y Jorge Colmenares Cavero. La audiencia se realizará el miércoles 4 de noviembre. En esta, los jueces antes mencionados resolverán si confirman o no la condena dictada contra la empresaria en primera instancia.
