Un duro golpe al crimen organizado se concretó en la provincia de Pataz, donde el Poder Judicial dictó penas efectivas de cárcel contra tres personas halladas en posesión de armas de fuego, municiones de guerra y material explosivo sin autorización legal. La sentencia marca un precedente en una de las zonas más convulsionadas por la minería ilegal y la violencia armada en la sierra liberteña.
Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando la Policía intervino un campamento rústico en el sector Santa María, en plena zona minera de Pataz. En el lugar, los agentes incautaron un arsenal que incluía armas de diverso calibre, municiones y explosivos de alta peligrosidad. Ninguno de los intervenidos contaba con licencia de la Sucamec, confirmando la tenencia ilegal y el riesgo inminente para la seguridad pública.
Las condenas
El Segundo Juzgado Penal Colegiado de La Libertad impuso las siguientes penas privativas de libertad:
- William Jeampierre Sandoval Gonzales: 15 años de prisión efectiva.
- Jesús Denis Guevara Cueva: 9 años de cárcel.
- Erika Aiko Pereda Kuriaki: 6 años y 2 meses de prisión.
Además de las condenas, los sentenciados fueron inhabilitados y deberán pagar reparación civil a favor del Estado, con montos que alcanzan hasta S/ 10,000 por persona.
La Fiscalía Mixta Corporativa de Pataz, a cargo del fiscal Lamer Leonel Altamirano Llovera, presentó pruebas contundentes que acreditaron la posesión ilícita y la peligrosidad del material incautado, logrando un fallo que refuerza la política de mano dura en territorios donde las bandas buscan controlar el oro mediante la intimidación armada.
Pataz concentra conflictos por control territorial, donde el uso de explosivos y armamento ilegal se ha vuelto una herramienta recurrente. Esta sentencia envía una señal clara: el Estado no tolerará la circulación de armas y explosivos fuera del marco legal, especialmente en zonas mineras de alto riesgo.
