Las denuncias sobre malas prácticas dentro del sistema judicial no son nuevas, pero cuando provienen de la experiencia directa de los defensores, adquieren una dimensión crítica que interpela la legitimidad misma del aparato de justicia.
Es el caso del abogado Segundo Paz Abad Castillo, quien advirtió públicamente, a través de su cuenta de Facebook, sobre lo que considera una peligrosa tendencia a la presunta arbitrariedad y al prejuicio en el Segundo Juzgado Penal Colegiado de La Libertad.
En conversación con otros colegas, relata el abogado, hay un consenso inquietante: el juzgado representa una amenaza para cualquier procesado verdaderamente inocente que enfrente un juicio, especialmente cuando la Fiscalía se aferra obstinadamente a acusaciones sin sustento sólido.
Según Abad Castillo, “la objetividad está en crisis” en dicho tribunal, con excepción de uno de sus integrantes que aún despierta confianza. Lo más grave, según el letrado, no es solo la aparente parcialidad, sino la forma en que se construyen las decisiones judiciales. “Los razonamientos que escuchamos son profundamente preocupantes: ‘tenemos que condenar para evitar que nos cuestionen’, ‘su aspecto nos dice que es culpable’, ‘el abogado siempre defiende delincuentes, por lo tanto, su cliente también lo es’”, denunció Abad Castillo, subrayando que estos juicios anticipados trastocan los principios básicos de la lógica y del derecho penal moderno.
Más allá de la crítica retórica, el abogado cita un caso concreto: el expediente N.º 282-2011, en el que uno de sus defendidos fue condenado a 13 años de prisión sin pruebas concretas que sustenten su responsabilidad penal. “Esa sentencia fue emitida por mayoría y terminó siendo revocada. No ha sido la única: he tenido varios fallos de ese colegiado que posteriormente fueron anulados en segunda instancia”, añadió.
Ante este panorama, Abad Castillo planteó una iniciativa audaz: la creación de un laboratorio jurídico dentro del Colegio de Abogados, con el fin de analizar sentencias condenatorias que presenten indicios de inconstitucionalidad o arbitrariedad. “Este espacio tendría como objetivo identificar fallos que vulneren el debido proceso, sistematizar sus inconsistencias y elevar informes formales a la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”, explicó.
Según el abogado, esta herramienta sería un mecanismo de vigilancia institucional desde la propia abogacía, y un paso firme para prevenir que los prejuicios y el abuso de poder judicial sigan generando zozobra en una sociedad ya afectada por la inseguridad y la desconfianza en las instituciones.
Aunque el caso apunta específicamente al Segundo Juzgado Penal Colegiado de La Libertad, el trasfondo de la denuncia toca una fibra sensible a nivel nacional: ¿cuántas personas son condenadas sin pruebas, únicamente por su aspecto, su defensa o su contexto social?
Las declaraciones de Abad Castillo invitan a repensar con urgencia el rol del juez como garante de derechos y no como ejecutor de sospechas. En tiempos donde la ciudadanía exige justicia firme pero también imparcial, fallos sin evidencia concreta no fortalecen el sistema, lo deslegitiman.
