Un nuevo precedente judicial se ha registrado en la región La Libertad. Por primera vez, un menor de 16 años ha sido enviado a prisión preventiva por el delito de extorsión, tras la reciente modificación del Código Penal mediante la Ley N.º 32330, que permite imponer medidas coercitivas a adolescentes mayores de 16 años por delitos considerados graves, como el de extorsión.
La medida fue dictada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del CISAJ El Porvenir, a solicitud de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de El Porvenir, en un caso que marca un punto de inflexión en la aplicación de justicia penal juvenil en el país.
El caso
La fiscal adjunta provincial Marylin Pereda Llerena, del Segundo Despacho, sustentó los elementos de convicción que vinculan al adolescente D. O. N. M. CH. (16) con el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, en agravio de E. B. A. S.
Según la investigación fiscal, el 13 de mayo de 2025, la agraviada encontró un manuscrito debajo del portón de su vivienda, en el que se le exigía el pago de 8 mil soles bajo amenaza de muerte contra ella y su familia. El mensaje fue denunciado inmediatamente ante la Depincri Este, lo que permitió activar un operativo de inteligencia que, tras varias diligencias, identificó al presunto autor: un adolescente de solo 16 años.
El menor fue detenido al día siguiente, 14 de mayo, en el distrito de El Porvenir, y según la Fiscalía, el trabajo conjunto con la Policía permitió recabar evidencias que acreditan su vinculación directa con el hecho delictivo. La novedad de este caso radica en la aplicación de la Ley N.º 32330, publicada en abril de 2024, que modifica el artículo 20 del Código Penal y elimina la exención de responsabilidad penal para adolescentes mayores de 16 años cuando cometen delitos de extorsión, tipificados en el artículo 200°.
La norma fue impulsada en respuesta al incremento de delitos graves cometidos por menores utilizados por organizaciones criminales. Su aplicación busca enviar un mensaje claro de que los adolescentes no son inmunes ante la ley cuando se ven involucrados en actos que atentan contra la seguridad ciudadana.
El juzgado dictó siete meses de prisión preventiva contra el menor mientras se continúa con la investigación preparatoria. La medida fue celebrada por sectores del sistema judicial que ven en esta decisión un paso necesario para enfrentar la creciente participación de menores en delitos de extorsión, sicariato y microcomercialización de drogas.
Este primer caso podría sentar jurisprudencia regional y cambiar el paradigma de la justicia juvenil en el Perú, en un contexto donde la ciudadanía exige justicia y el sistema busca respuestas firmes pero equilibradas ante un fenómeno que pone en jaque tanto a la legalidad como a la protección de derechos.
