La tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo ha desatado un intenso debate sobre las responsabilidades civiles, penales y administrativas que deben asumirse tras el colapso del techo en el patio de comidas, que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos.
El abogado Martín Ordinola Vieyra, especialista en derecho penal y administrativo, ha sido enfático en señalar que este desastre no es solo consecuencia de una falla estructural, sino también de la falta de supervisión y control por parte de las autoridades, lo que, a su juicio, convierte al Estado en un actor determinante en la cadena de responsabilidades.
Ordinola sostiene que este caso revela una dura realidad en el país: un ciudadano no solo puede fallecer por la violencia del crimen organizado y la impunidad de las extorsiones, sino también por la desidia y negligencia del Estado en la fiscalización de espacios públicos y privados.
“La falta de supervisión y control por parte de las autoridades resulta ser determinante, habiéndose sumado este hecho a la larga cadena de responsabilidades políticas que reclaman una sanción ejemplar por parte de los afectados”, expresó.
El abogado considera que es imperativo que tanto el Ministerio Público, la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Contraloría General de la República asuman el rol que les corresponde en la investigación y sanción de los responsables.
Además, hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se mantenga vigilante en la defensa de los derechos ciudadanos y en la supervisión de las acciones que se deriven de este caso.
Desde el punto de vista civil, Ordinola plantea que la empresa propietaria del centro comercial, INTERCORP, debe asumir una indemnización por daños y perjuicios a los heridos y a los familiares de las víctimas fatales, cubriendo conceptos como lucro cesante, daño emergente y daño moral. “Es fundamental que la empresa se haga responsable y brinde una compensación justa a quienes han sido directamente afectados por este incidente”, aseveró.
En el ámbito penal, el letrado argumenta que los propietarios y administradores del centro comercial podrían ser procesados por los presuntos delitos de homicidio, lesiones, delitos contra la seguridad pública y omisión de auxilio. Asimismo, considera que los funcionarios de la municipalidad que estuvieron encargados de la fiscalización del establecimiento deberían ser investigados por omisión de actos funcionales, falsedad ideológica e incluso corrupción de funcionarios. “No se trata solo de sancionar a los privados, sino de identificar a todos los responsables, incluyendo a los servidores públicos que permitieron que una infraestructura en riesgo siguiera operando sin supervisión adecuada”, puntualizó.
A nivel administrativo, el abogado considera que la sanción más apropiada sería la clausura definitiva del Real Plaza, dada la magnitud del desastre y la posible negligencia de sus administradores en la prevención de riesgos. También señaló que los funcionarios municipales que no cumplieron con su deber de fiscalización y permitieron la emisión de licencias sin el debido control deben ser destituidos de sus cargos y sancionados de acuerdo con los principios de culpabilidad, legalidad y tipicidad.
Finalmente, Ordinola criticó el Proyecto de Ley 9788-2024-CR, actualmente en debate en el Congreso, el cual busca establecer la vigencia indeterminada de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. En su opinión, hechos como el colapso del Real Plaza demuestran que dichas inspecciones deben realizarse de manera periódica y en lapsos cortos para garantizar la seguridad de las personas. “Es inadmisible que el Congreso proponga relajar aún más la normativa de inspecciones cuando lo que necesitamos es mayor rigor y control para evitar tragedias como esta”, concluyó.
