En un fallo histórico para el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz logró que el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy dispusiera una medida socioeducativa de internamiento por ocho años para un menor de 15 años identificado con las iniciales D. S. R. H., culpable de homicidio calificado y dos años adicionales por tenencia ilegal de municiones. La condena, emitida el 10 de enero de 2025, también incluye el pago de una reparación civil de S/ 10,000 a los herederos de la víctima, César Abilio Tinoco Quito, y S/ 2,000 al Estado.
El caso tuvo lugar el 11 de julio de 2024, cuando César Abilio Tinoco Quito, de 49 años, fue brutalmente asesinado en el sector Alaska, anexo de Llacuabamba, en Parcoy. La escena del crimen reveló múltiples heridas de bala en la víctima y siete cartuchos percutidos esparcidos en el lugar. La investigación inicial y la intervención de las rondas campesinas del distrito permitieron la captura de cuatro sospechosos, incluido el menor infractor, quienes posteriormente fueron vinculados al crimen.
El fiscal adjunto provincial, Lamer Leonel Altamirano Llovera, lideró la investigación y presentó pruebas contundentes que conectaban al menor con los hechos. Entre las evidencias se incluyeron municiones sin percutir y restos de sangre encontrados en un vehículo asociado al asesinato. Estos elementos probatorios, sumados a las declaraciones de testigos y peritajes forenses, permitieron al juzgado acreditar la responsabilidad directa del menor en el homicidio y la posesión ilegal de municiones.
La sentencia marca un precedente en la región y reafirma el compromiso del Ministerio Público de La Libertad de garantizar justicia para las víctimas y combatir la inseguridad en Pataz. “Este resultado es un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes cometan actos de violencia, independientemente de su edad”, señaló el fiscal Altamirano Llovera tras el fallo.
El caso también subraya la importancia de la colaboración entre la comunidad, representada por las rondas campesinas, y las autoridades judiciales para resolver crímenes complejos en zonas rurales. Sin embargo, el hecho pone de relieve la necesidad de implementar programas preventivos y socioeducativos en áreas vulnerables para evitar que menores de edad sean captados por redes de violencia y criminalidad.
La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones para identificar a otros posibles responsables del crimen y reforzar las medidas de seguridad en Pataz, una región que ha sido azotada por altos índices de violencia en los últimos años.
