El nuevo ciclo de altos precios de los minerales incrementará los recursos que reciben los gobiernos regionales y municipales por concepto de canon y regalías. Sin embargo, el desafío continúa siendo el mismo: conseguir que esa bonanza económica se traduzca efectivamente en mejores condiciones de vida para las poblaciones de las zonas productoras.
Hasta julio de este año, los gobiernos regionales recibieron más de S/ 2.500 millones por canon y regalías mineras, mientras que las transferencias destinadas a los municipios superaron los S/ 9.000 millones.
Las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones en enero de 2027 podrían, por tanto, administrar mayores recursos si continúa el actual escenario favorable para los precios internacionales de los minerales.
Para Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, el problema no se limita a cuánto dinero reciben las regiones, sino a qué hacen sus autoridades con esos recursos.
«Hay un divorcio muy grande entre los recursos transferidos por canon y regalías y el cierre efectivo de brechas sociales», advierte.
Millones en canon, pero poblaciones sin servicios básicos
La contradicción se hace evidente en localidades que reciben importantes transferencias provenientes de la minería y, al mismo tiempo, mantienen comunidades sin acceso adecuado a agua potable, alcantarillado, establecimientos de salud o infraestructura educativa.
Castilla sostiene que la amplia autonomía de los gobiernos subnacionales permite que parte de estos recursos termine destinada a proyectos que no necesariamente responden a las necesidades más urgentes de la población.
En algunos casos, el presupuesto se dirige a estadios, plazas, losas deportivas y otras intervenciones de menor impacto social, mientras continúan pendientes inversiones esenciales.
A ello se suma otro problema: la atomización del gasto. En lugar de concentrar los recursos en grandes proyectos capaces de transformar las condiciones de una localidad, el presupuesto puede dividirse entre numerosas intervenciones pequeñas que consumen recursos sin conseguir cambios sustanciales.
Advierten riesgo de clientelismo
Otro punto cuestionado es el uso excesivo de la modalidad de administración directa, mediante la cual los propios gobiernos locales ejecutan determinadas obras contratando personal, maquinaria y servicios.
Según Castilla, estudios sobre este mecanismo advierten que puede favorecer la generación de empleo temporal con objetivos políticos, fortalecer redes clientelares y aumentar los riesgos de corrupción.
El exministro plantea que también debe superarse la idea de que el desarrollo se mide únicamente por la cantidad de infraestructura construida.
Carreteras, hospitales y colegios continúan siendo necesarios, pero el canon también debería concentrarse en inversiones destinadas a agua y saneamiento, salud, nutrición infantil, educación, conectividad vial y digital, electrificación y desarrollo productivo.
Canon también debería impulsar la economía regional
Castilla propone ampliar las posibilidades de utilización de estos recursos para financiar proyectos productivos que mejoren la competitividad de las regiones y fortalezcan cadenas agrícolas, industriales y de servicios.
Sin embargo, advierte que los ingresos provenientes del canon no deberían utilizarse para aumentar permanentemente el aparato estatal mediante la creación de nuevas plazas o burocracia.
«Los ingresos volátiles deben financiar inversiones temporales y no gastos permanentes», señala.
El economista considera además necesario revisar la Ley del Canon, orientando los recursos con mayor claridad hacia el cierre de brechas sociales y el desarrollo productivo.
También plantea fortalecer la planificación regional de largo plazo para evitar que cada cambio de autoridades signifique abandonar proyectos estratégicos y comenzar nuevamente con inversiones de corto alcance.
El próximo quinquenio podría representar una oportunidad excepcional para las regiones mineras del país. Si los mayores ingresos se utilizan para mejorar educación, salud, servicios básicos, conectividad y producción, la bonanza minera podría convertirse en desarrollo sostenible. De lo contrario, el riesgo es repetir una historia conocida: miles de millones de soles transferidos a regiones y municipios sin que esa riqueza consiga transformar sustancialmente la vida de las poblaciones que conviven con la actividad minera.
