El Perú necesita abandonar la lógica de invertir grandes cantidades de recursos públicos después de cada desastre natural y priorizar obras de prevención que permitan reducir los daños ocasionados por lluvias intensas, inundaciones y activación de quebradas.
Así lo sostuvo Paolo Amaya Alvarado, docente del programa SUBE de la Universidad César Vallejo (UCV), campus Trujillo, quien advirtió sobre la necesidad de fortalecer la preparación del país ante un eventual escenario climático extremo, al que se ha denominado «Mega Niño».
El especialista señaló que distintas anomalías hidrometeorológicas observadas en América Latina, así como la presencia inusual de especies marinas asociadas con aguas cálidas frente al litoral peruano, justifican prestar mayor atención a las condiciones climáticas.
El académico consideró que, independientemente de la magnitud que pueda alcanzar un eventual evento climático, el país debe aprovechar el tiempo disponible para reducir sus vulnerabilidades.
Amaya explicó que el principal peligro no se limita a la cantidad de precipitaciones, sino también a las condiciones en las que se encuentran las ciudades, las carreteras y los servicios básicos. «El verdadero problema no es únicamente cuánto puede llover, sino dónde estamos construyendo y qué tan preparados están nuestros servicios esenciales», señaló.
Según el especialista, los eventos climáticos extremos pueden generar lo que se conoce como un riesgo en cascada: una emergencia inicial desencadena una serie de problemas que afectan simultáneamente distintos sectores.
Por ejemplo, la activación de una quebrada puede destruir una carretera, interrumpir el transporte de alimentos y medicamentos, dañar redes de agua potable y aumentar los riesgos sanitarios.
En ese escenario, una inundación deja de ser únicamente un problema de infraestructura y puede convertirse en una emergencia que comprometa la salud, la economía y la seguridad de la población.
Esta situación adquiere especial importancia en regiones como La Libertad, donde los eventos de lluvias intensas y desbordes han afectado anteriormente viviendas, vías de comunicación y actividades productivas.
La Libertad necesita obras de prevención y drenaje pluvial
Uno de los principales planteamientos del especialista es que las autoridades nacionales, regionales y municipales prioricen inversiones destinadas a reducir los riesgos antes de que se produzcan emergencias.
Entre las medidas destacan el mejoramiento de los sistemas de drenaje pluvial, la protección de infraestructura crítica y el ordenamiento territorial para evitar que nuevas construcciones se ubiquen en zonas expuestas a inundaciones o movimientos de tierra.
La prevención también implica intervenir cuencas y quebradas, conservar ecosistemas que contribuyen a regular el agua y fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios esenciales. El docente sostuvo que estas inversiones mantienen su utilidad incluso cuando los pronósticos de eventos extremos no llegan a materializarse.
Una ciudad con mejores drenajes, vías más resistentes y sistemas de abastecimiento protegidos estará en mejores condiciones para enfrentar lluvias intensas de distinta magnitud. Por ello, Amaya cuestionó el enfoque centrado principalmente en la atención de emergencias y la reconstrucción posterior.
El especialista de la UCV planteó cinco prioridades que deberían desarrollarse de manera articulada entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.
1. Ordenamiento territorial: identificar zonas de alto riesgo, reducir la exposición de viviendas y evitar nuevas ocupaciones en áreas vulnerables.
2. Infraestructura resiliente: reforzar drenajes pluviales, carreteras, puentes, hospitales y otros servicios esenciales para disminuir su vulnerabilidad.
3. Seguridad alimentaria e hídrica: proteger los sistemas de abastecimiento de agua y establecer medidas que reduzcan el riesgo de interrupción en el suministro de alimentos.
4. Seguridad sanitaria: preparar los servicios de salud frente a enfermedades y emergencias asociadas con inundaciones, contaminación del agua y proliferación de vectores.
5. Ciencia y alerta temprana: fortalecer el monitoreo climático, la información territorial y los mecanismos que permitan advertir oportunamente a las comunidades.
Estas medidas, sostuvo, deben formar parte de una política sostenida de gestión del riesgo y no limitarse a intervenciones temporales durante las temporadas de lluvia.
Prevenir también significa evitar pérdidas económicas
La propuesta del especialista pone en discusión la manera en que el Estado asigna los recursos destinados a enfrentar los desastres naturales. Cuando las inversiones se concentran en reparar daños, los gobiernos deben destinar recursos a reconstruir infraestructura que pudo haber sido protegida mediante intervenciones oportunas.
Además de los costos directos, los desastres pueden provocar pérdidas económicas por interrupciones del comercio, paralización de actividades productivas y dificultades de transporte.
Por ello, el académico considera que las obras preventivas deben evaluarse como inversiones permanentes para el desarrollo. «Trabajar con probabilidades es el corazón de la gestión del riesgo. Si el Mega Niño no alcanza la magnitud temida, habremos ganado ciudades con mejores drenajes, cuencas protegidas, infraestructura más segura y comunidades organizadas», afirmó.
