La tranquilidad del distrito de Mache, en la provincia de Otuzco, se ha visto sacudida por un caso que pone en el centro del debate la seguridad de los visitantes y la responsabilidad municipal. La Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera formal al alcalde Wilder Barot un informe detallado y urgente sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del complejo turístico Miramar, un espacio que, lejos de garantizar diversión segura, podría estar exponiendo a familias enteras a serios riesgos.
Según un documento remitido al despacho del burgomaestre, la denuncia tiene como origen un reporte de la Contraloría General de la República, en el que se advierte que el complejo estaría operando sin permisos municipales, sin inspección técnica de seguridad (ITSE) y sin plan de seguridad y riesgos, pese a ofrecer juegos extremos y actividades recreativas que implican un alto nivel de riesgo.
El oficio de la Defensoría consigna como fecha el 14 de julio de 2024, pero fue emitido en este año 2025, lo que ha generado interrogantes en la comunidad sobre posibles demoras en la advertencia o intentos de minimizar el problema. Para los vecinos, este desfase temporal es una señal preocupante de que la situación pudo haberse ignorado por meses.
Riesgos y omisiones
Las observaciones no son menores: sin la aprobación de una ITSE, cualquier instalación destinada a recibir público carece de un certificado que garantice que sus estructuras, sistemas eléctricos, rutas de evacuación y protocolos cumplen con las normas técnicas de seguridad. Tampoco contar con un plan de gestión de riesgos significa que, ante una eventual emergencia, no existiría un procedimiento claro para proteger la vida e integridad de los visitantes.
En un complejo que ofrece atracciones extremas, la falta de estos requisitos es un riesgo latente de accidente. Para la Defensoría, el asunto amerita una explicación documentada inmediata y, de ser necesario, la paralización de las actividades hasta garantizar el cumplimiento de la normativa.
Preocupación ciudadana
En Mache, la reacción no se ha hecho esperar. Vecinos y autoridades comunales han mostrado su inquietud ante la posibilidad de que el atractivo turístico haya estado operando con permisos incompletos o sin supervisión adecuada. “No queremos que se repita una tragedia como las que hemos visto en otras partes del país. Aquí vienen familias, niños, y eso implica una responsabilidad enorme”, señala un dirigente vecinal.
La sede regional de la Defensoría ha asumido el caso de oficio y ha reiterado que la seguridad ciudadana no es negociable. Se espera que la municipalidad entregue un informe en los próximos días, mientras crece la presión para que se realicen inspecciones técnicas inmediatas.
