El Consejo Regional de La Libertad vive una nueva fractura interna tras el anuncio del consejero de oposición Robert De la Cruz Rosas de plantear la censura contra el gerente regional de Infraestructura, Jorge Bringas Maldonado, por presuntas irregularidades en las adjudicaciones del Corredor Vial Norte-Oeste Huanchaco y del Hospital de Virú, proyectos valorizados en más de S/ 315 millones.
Pero el intento de censura podría quedar solo en una declaración simbólica. Desde el Gobierno Regional (GORE), Bringas cuenta con respaldo político total, incluso tras ser denunciado por agresión verbal y física por el propio De la Cruz el pasado 31 de julio en el estadio Mansiche.
Dos obras bajo sospecha
Las denuncias apuntan directamente a sospechas de direccionamiento en el proceso de selección, especialmente tras conocerse que una de las representantes de los consorcios ganadores sería Lucero Coca, joven empresaria sin experiencia pública previa, que ya ha sido vinculada en otros casos de favoritismo en contrataciones.
Sin embargo, los funcionarios involucrados —entre ellos el propio Bringas, la gerente de Contrataciones Dioselinda Polo, y el presidente del Comité de Contrataciones Walter Zevallos— comparecieron ante el pleno del Consejo asegurando que “todo se ajustó a la ley”, restando importancia a los cuestionamientos éticos o de sentido común que plantea la oposición.
Tensión en el Consejo: mayoría cierra filas
En la última sesión ordinaria, el gerente general del GORE, Martín Namay Valderrama, ratificó a Bringas en el cargo. Además, los consejeros del partido Alianza Para el Progreso (APP), encabezados por Ever Cadenillas Coronel, se preparan para defender al funcionario en el debate de la moción de censura, debilitando cualquier intento de remoción por parte de la minoría opositora.
La sesión también dejó un mensaje claro desde la presidencia del Consejo. Lorena Carranza Blas fue tajante: “Este Consejo no avalará ningún proceso que genere dudas o desconfianza. La transparencia no es solo legalidad, es confianza pública”.
Por su parte, el consejero Frank Solórzano, representante de Pataz, exigió que Lucero Coca sea citada al pleno:
“Queremos saber quién toma realmente las decisiones. No podemos normalizar que una persona sin trayectoria conocida esté al frente de un consorcio millonario”.
