La escalada de violencia registrada en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, ha encendido las alertas a nivel nacional. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) responsabilizó directamente al Ejecutivo por la falta de una estrategia eficaz frente al crimen organizado, tras el enfrentamiento armado ocurrido en una bocamina que dejó al menos tres personas fallecidas.
Mediante un pronunciamiento público, el organismo que agrupa a los gobiernos regionales del país sostuvo que lo ocurrido en Pataz no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural no atendido por el Gobierno central.
“No es un caso aislado”
En su comunicado, la ANGR fue enfática al señalar que la violencia en zonas mineras responde a la ausencia de control territorial y al debilitamiento del Estado frente a las economías ilícitas.
“Lo sucedido en Pataz no es un caso aislado, sino la consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz por parte del Ejecutivo, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilegales”, advierte el pronunciamiento.
La entidad subrayó que el avance de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, extorsión y tráfico de insumos explosivos ha desbordado la capacidad de respuesta local, evidenciando la urgencia de decisiones a nivel nacional.
Críticas directas al Gobierno Nacional
La Asamblea cuestionó duramente la conducción del Ejecutivo liderado por el presidente José Jerí, al considerar que no se ha implementado un plan integral y sostenido para enfrentar la criminalidad en territorios de alta conflictividad como Pataz.
En ese contexto, la ANGR rechazó discursos oficiales que, a su juicio, debilitan la descentralización y trasladan responsabilidades que corresponden exclusivamente al Gobierno Nacional.
“La seguridad ciudadana es una responsabilidad indelegable del Gobierno Nacional. Desde los gobiernos regionales reiteramos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada; sin embargo, no aceptaremos la inacción ni la indiferencia frente a una situación que continúa cobrando vidas”, remarcó el organismo.
Exigen intervención integral y fortalecimiento policial
Entre los principales pedidos, la ANGR planteó:
- Una intervención integral urgente en la provincia de Pataz.
- El fortalecimiento real y efectivo de la Policía Nacional del Perú, no solo en número de efectivos, sino en logística, inteligencia y presencia permanente.
- Una articulación concreta entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de La Libertad y los municipios locales, para enfrentar de manera coordinada al crimen organizado.
La entidad advirtió que sin estas medidas, la violencia continuará expandiéndose hacia otras zonas del país con características similares, poniendo en riesgo a poblaciones enteras.
Pataz, un territorio en disputa
Pataz se ha convertido en uno de los principales focos de conflictividad minera del norte del país. En los últimos años, la provincia ha sido escenario de asesinatos, atentados, enfrentamientos armados y disputas por el control de bocaminas, en un contexto donde la presencia del Estado resulta insuficiente.
Para los gobiernos regionales, lo ocurrido marca un punto de quiebre que exige respuestas inmediatas, más allá de declaraciones políticas o medidas temporales.
