La carrera electoral en La Libertad podría sufrir un giro inesperado. Una controversia relacionada con los requisitos legales para la postulación de candidatos amenaza con afectar la participación de Alianza Para el Progreso (APP) en las elecciones regionales programadas para el próximo 4 de octubre.
La situación gira en torno a Juan Carranza Ventura, actual alcalde del distrito de El Porvenir y candidato a consejero regional dentro de la fórmula liderada por Martín Namay Valderrama. Según versiones difundidas en el ámbito político regional, Carranza no habría cumplido dentro del plazo establecido con la solicitud de licencia sin goce de haber exigida por la legislación electoral para autoridades en ejercicio que buscan postular a un nuevo cargo.
De confirmarse esta situación, la agrupación apepista podría enfrentar observaciones durante el proceso de inscripción de candidaturas ante los organismos electorales.
La licencia que podría generar un problema electoral
La legislación vigente establece que determinadas autoridades elegidas por voto popular deben solicitar licencia sin goce de haber con una anticipación específica antes de participar en un nuevo proceso electoral.
De acuerdo con la interpretación de la normativa citada por diversos actores políticos, el plazo para presentar dicha solicitud venció el pasado 8 de junio, exactamente 120 días antes de la realización de las elecciones regionales y municipales.
La controversia radica en determinar si el trámite fue presentado oportunamente y si cumplió con todos los requisitos formales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones.
El caso ha despertado interés debido a que Juan Carranza forma parte de la lista regional de APP en una elección considerada estratégica para el futuro político del partido en La Libertad.
¿Podría quedar fuera Martín Namay?
Especialistas en derecho electoral señalan que cualquier observación relacionada con requisitos de elegibilidad deberá ser evaluada durante el proceso de inscripción y calificación de listas.
Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones ni del Jurado Electoral Especial que confirme una eventual exclusión de la fórmula regional.
La eventual consecuencia dependerá de la evaluación jurídica que realicen las autoridades electorales sobre el cumplimiento de la normativa y los documentos que presente la organización política.
Por ello, la posibilidad de una inhabilitación sigue siendo, por ahora, una hipótesis que deberá resolverse dentro de los procedimientos oficiales correspondientes.
APP enfrenta un momento clave
La situación ocurre en un escenario político particularmente importante para Alianza Para el Progreso, organización que busca mantener su influencia en una región considerada su principal bastión electoral.
Martín Namay, quien encabeza la fórmula regional, ha iniciado en las últimas semanas una campaña orientada a posicionar una propuesta de renovación dentro del partido, buscando recuperar la confianza de diversos sectores de la población.
Una eventual controversia legal relacionada con la inscripción de candidaturas podría alterar significativamente el panorama electoral regional y modificar el equilibrio de fuerzas entre las organizaciones políticas que competirán en octubre.
Mientras continúan las especulaciones políticas, la atención se centra ahora en los órganos electorales, que tendrán la responsabilidad de revisar la documentación presentada por los candidatos y determinar si cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley.
La resolución de este caso podría convertirse en uno de los primeros grandes capítulos de la campaña electoral regional en La Libertad.
Por el momento, APP no ha emitido una posición oficial detallada sobre la presunta omisión atribuida a Juan Carranza, mientras dirigentes y militantes permanecen atentos a los pronunciamientos que puedan producirse en los próximos días.
