Arturo Fernández tiene 30 días para pagar S/ 20 mil a teniente de la PNP

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por unanimidad, confirmó la sentencia emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo el 23 de agosto de 2022, condenando a César Arturo Fernández Bazán por el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada. La denuncia fue presentada por la teniente PNP Nataly Estefany Rojas Rojas, y se le ha impuesto una pena privativa de libertad suspendida por un año, sujeta a reglas de conducta.

La decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones establece que César Arturo Fernández Bazán, sin negar haber proferido las frases ofensivas, deberá cumplir la pena de un año de prisión suspendida por el mismo plazo, con lo cual se consuma su salida de la Municipalidad Provincial de Trujillo.  

De acuerdo a la sentencia, a la cual tuvo acceso Causa Justa, se le impuso, además,  una serie de reglas de conducta, que incluyen no variar su domicilio sin previa autorización del juzgado de ejecución, informar y justificar sus actividades cada 30 días ante la oficina de Control Biométrico de la Sede Judicial, no cometer nuevos delitos dolosos y el pago de una reparación civil en un plazo de treinta días.

En relación a la reparación civil, la Sala revocó parcialmente la sentencia anterior y reformó la cuantificación de la misma. Se impuso a César Arturo Fernández Bazán el pago de veinticinco mil soles (S/ 25,000) a favor de la querellante, Nataly Estefany Rojas Rojas, en un plazo de treinta días hábiles.

Esta cantidad se estableció considerando la afectación sufrida por la agraviada y de acuerdo a los términos establecidos en las reglas de conducta. Se descontaron los cinco mil soles (S/ 5,000) que ya habían sido cancelados en ejecución de sentencia.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad está conformada por las juezas superiores Cecilia León Velásquez (presidenta de sala y jueza superior titular), Ofelia Namoc Aguilar (jueza superior titular) y Liliana Janet Rodríguez Villanueva (jueza superior provisional, directora de debates, quien interviene por promoción del juez superior titular, doctor Walter Cotrina Miñano).

La Sala argumentó que las frases proferidas por César Arturo Fernández Bazán hacia Nataly Estefany Rojas Rojas, en su condición de comisaria encargada de la comisaría PNP de Moche, constituyeron una difamación agravada. Estas palabras fueron dirigidas de manera peyorativa hacia la querellante, haciendo referencia a aspectos íntimos y físicos de su cuerpo. La Sala consideró que dichas expresiones podrían causar mofa, burla y menosprecio, dejando en evidencia el ánimo de ridiculizar y mancillar el honor de la agraviada.

Además, la Sala señaló que las frases proferidas por el querellado no constituían una crítica válida a la función desplegada por la querellante y no eran de interés público. El tribunal resaltó la importancia de que las autoridades municipales, como representantes de la comunidad, sean diligentes, muestren educación y fomenten la igualdad y el respeto en su actuar.

FALSO ARREPENTIMIENTO

En cuanto a la conducta del sentenciado, la Sala analizó la falta de un verdadero arrepentimiento por parte de César Arturo Fernández Bazán. Durante la audiencia de apelación, se le otorgó la oportunidad de manifestar su intención de no cometer nuevos delitos, pero se limitó a expresar conformidad con lo manifestado por su abogado.

La Sala también tomó conocimiento de otro proceso en el cual César Arturo Fernández Bazán está siendo investigado por el delito de calumnia. Aunque aún no se ha emitido una sentencia en ese caso, la existencia de este nuevo proceso por hechos similares fue considerada como un elemento relevante para analizar la conducta futura del querellado y determinar la imposición de la reserva de fallo condenatorio.

La decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones destaca la importancia de respetar el honor y la dignidad de las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas y autoridades municipales. También resalta la necesidad de que las autoridades municipales sean diligentes, muestren educación y fomenten la igualdad y el respeto en su actuar.

Cabe mencionar que César Arturo Fernández Bazán aún tiene pendiente un proceso por el delito de calumnia, en el cual se ha programado la audiencia de juicio oral para el 27 de mayo de 2024, ante el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal.

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