El atentado ocurrido el pasado 14 de agosto en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, que dejó siete heridos y 173 viviendas afectadas, continúa bajo investigación preliminar a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, evitó confrontaciones directas con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Luis Guillermo Bringas, quien había cuestionado la labor policial, señalando que la Fiscalía liberó a detenidos porque “no se presentaron pruebas que los vinculen al delito”.
“Yo respeto su opinión. No me voy a pronunciar sobre lo que ha dicho el doctor Bringas, respeto a las instituciones y nosotros continuamos trabajando”, declaró el general Llerena.
Sin contradicción, pero con reservas
Consultado por la supuesta falta de pruebas en el caso de un taxista y un transeúnte que fueron dejados en libertad, el oficial insistió en que “no hay contradicción” entre las instituciones y reiteró que prefiere mantener la reserva para no entorpecer las pesquisas.
“Hay una línea de investigación bien dura. Quiero ser cauto y guardar reserva porque todavía estamos en etapa preliminar. Ya tenemos avances muy importantes”, afirmó.
Menores implicados en la tragedia
El general Llerena también se refirió a los dos adolescentes internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, quienes fueron encontrados con material explosivo y evidencias que los vincularían al atentado.
“Eso fue inmediatamente después de haberse suscitado el hecho. No se descarta la posibilidad de que estén implicados, pero no puedo adelantar opinión hasta que concluyan las investigaciones”, precisó.
El atentado en la avenida Perú no solo evidenció la brutalidad del crimen organizado en Trujillo, sino también la tensión entre la Fiscalía y la Policía. Mientras el Ministerio Público asegura que no se presentaron pruebas suficientes para mantener detenidos a sospechosos, la Policía insiste en que existen avances y pide tiempo para consolidar los elementos de convicción.
Mientras tanto, las familias afectadas esperan respuestas y soluciones concretas, en una ciudad que lleva más de un año en estado de emergencia sin que la violencia ceda.
