Ni el Estado de Emergencia ni la presencia de las Fuerzas Armadas han logrado frenar la violencia en la provincia de Pataz (La Libertad). La madrugada del jueves, un nuevo enfrentamiento armado en el centro poblado Pueblo Nuevo habría dejado varias personas fallecidas y heridos, confirmaron pobladores a Causa Justa.
Entre los heridos se encuentran Efaen Vera Castillo y Amílcar Ramírez Roque. El primero no es un desconocido en la zona: en 2023 fue detenido junto a una banda de “parqueros” vinculada a delitos en los socavones de Pataz. Su nombre vuelve a aparecer ahora, como prueba del círculo vicioso de inseguridad, impunidad y crimen organizado que mantiene en jaque a esta provincia minera.
Un ataque en pleno Estado de Emergencia
El ataque se desató cuando un grupo armado irrumpió en un socavón de Pueblo Nuevo, desatando un prolongado tiroteo que sembró el pánico. Vecinos narran que las balaceras se extendieron por varios minutos, obligando a las familias a refugiarse en sus casas.
Las víctimas fueron trasladadas a centros de salud de la zona, pero la precariedad de las vías y la falta de equipamiento médico han complicado la atención. No se descarta que la cifra de muertos aumente en las próximas horas.
Estado ausente, mafias presentes
La provincia de Pataz permanece bajo Estado de Emergencia desde hace más de un año, medida decretada para recuperar el orden interno. Sin embargo, la realidad es que las mafias de la minería ilegal imponen su ley a sangre y fuego.
La Policía Nacional y el Ejército, lejos de garantizar seguridad, aparecen desbordados. La población denuncia que los retenes y patrullajes son solo operativos simbólicos, mientras los grupos criminales controlan territorios enteros.
“¿De qué sirve el Estado de Emergencia si seguimos contando muertos?”, cuestionan con rabia e impotencia los vecinos de Pueblo Nuevo.
La violencia que no cesa
Los enfrentamientos en Pataz se han convertido en una constante sangrienta. El Gobierno, el Ministerio del Interior y el Comando Unificado de Pataz han prometido recuperar el control, pero cada nuevo ataque desnuda la ineficacia de las medidas y la fragilidad de las instituciones.
Mientras tanto, las comunidades viven con miedo permanente, atrapadas entre la codicia de las mafias de la minería ilegal y la indiferencia de un Estado incapaz de protegerlas.
