La minería informal ya no solo se libra en socavones alejados o en zonas donde el Estado llega con dificultad. Hoy, su influencia se ha trasladado a uno de los espacios más decisivos del país: el Congreso de la República. Allí, una articulación multipartidaria —identificada por especialistas como la “Bancada Reinfo”— viene impulsando cambios que podrían redefinir las reglas del sector minero en el Perú.
El concepto no es retórico. El analista en minería y gestión social Iván Arenas advierte que existe una coalición política con intereses claros en la minería informal. No se trata de un grupo formalmente constituido, sino de una convergencia de congresistas de distintas bancadas que comparten una agenda común: prolongar los beneficios del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y flexibilizar las condiciones del régimen minero. “Opera como una coalición”, señala, al describir un fenómeno que ha crecido sin mayor visibilidad pública.
La evidencia de esta articulación se remonta a los últimos años, cuando el Congreso aprobó hasta cinco ampliaciones del Reinfo, una herramienta que nació como temporal para formalizar a los mineros informales, pero que terminó extendiéndose sin resultados concretos. Mientras tanto, la aprobación de una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal quedó postergada, en un contexto donde la informalidad no solo persiste, sino que se fortalece.
Ese mismo bloque político vuelve a mostrar su influencia en el reciente dictamen aprobado el 17 de marzo por la Comisión de Energía y Minas. La propuesta plantea modificar aspectos esenciales del régimen minero, incluyendo la estabilidad de las concesiones, los plazos de operación y nuevas condiciones para las empresas formales. Para los especialistas, estos cambios no son menores. Alteran los fundamentos que han sostenido la inversión minera en el país durante décadas.
El trasfondo político resulta evidente al observar el momento en que se impulsa esta iniciativa. En plena campaña electoral, diversos partidos han incluido en sus listas a candidatos vinculados directa o indirectamente a la minería informal. No se trata solo de simpatizantes: hay dirigentes, asesores y representantes de organizaciones mineras que ahora buscan ocupar un escaño en el Parlamento. De acuerdo con investigaciones periodísticas, al menos 64 aspirantes tienen o tuvieron relación con el Reinfo, lo que anticipa una posible consolidación de esta bancada en el próximo Congreso.
Este avance no puede entenderse sin considerar el peso económico del sector. La minería informal mueve cifras millonarias y ha logrado posicionarse como un actor con capacidad de influencia política. La exportación de oro en este segmento, que supera ampliamente las cien toneladas, refleja un flujo económico que no solo dinamiza mercados paralelos, sino que también podría financiar campañas y generar alianzas estratégicas.
Sin embargo, el impacto de estas propuestas no se limita al ámbito político. El debate tiene consecuencias directas sobre las regiones. El sistema de concesiones mineras es uno de los pilares que garantiza la inversión y, por ende, la generación del canon minero, principal fuente de ingresos para muchas municipalidades. En localidades como Espinar o Chumbivilcas, estos recursos representan hasta el 80% del presupuesto público.
Modificar ese esquema implica un riesgo. Reducir los plazos de concesión o debilitar su estabilidad podría desalentar la inversión privada y, en consecuencia, afectar la transferencia de recursos a las regiones. En términos simples, menos inversión significaría menos obras, menos servicios y mayor impacto en las poblaciones más vulnerables.
La votación en la Comisión de Energía y Minas confirma el respaldo político que tiene esta agenda. La mayoría de congresistas apoyó el dictamen, evidenciando que el impulso a favor de la minería informal no responde a una sola bancada, sino a una convergencia de intereses que atraviesa distintas agrupaciones.
Lo que antes era un problema de formalización se ha transformado en un fenómeno político. La minería informal ha pasado de operar al margen del sistema a buscar cambiarlo desde dentro. Este giro marca un punto de inflexión en la relación entre economía, política y regulación.
En ese escenario, el país enfrenta un dilema de fondo. Por un lado, la necesidad de integrar a miles de trabajadores a la formalidad. Por otro, el riesgo de flexibilizar normas que sostienen la estabilidad del sector y el financiamiento de las regiones. La respuesta que se construya en el Congreso no solo definirá el futuro de la minería, sino también el equilibrio entre desarrollo económico, institucionalidad y Estado de derecho.
