El desarrollo en la provincia de Virú no solo enfrenta las dificultades propias de una región que demanda infraestructura básica urgente, sino que también ha chocado frontalmente contra una de las amenazas más latentes del norte peruano: el crimen organizado.
La extorsión se ha convertido en una fuerza paralizante que no distingue entre empresarios privados y funcionarios públicos, y que ahora afecta incluso las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de La Libertad.
El alcalde provincial de Virú, Javier Mendoza Torres, no ocultó su preocupación durante una reciente declaración pública. «Yo seré lo más sincero posible porque de eso se trata. En la provincia de Virú extorsionan a todo el mundo», dijo. Y ese “todo el mundo” incluye a los ingenieros, operadores de maquinaria pesada, técnicos y obreros que ejecutan el mantenimiento de carreteras rurales en zonas como Juyacul, El Olivar, Carmuchi y La Viña, ruta estratégica que conecta poblaciones altoandinas con la costa.
De acuerdo con la versión del burgomaestre, las bandas criminales llegaron hasta los tramos más alejados de estas obras para exigir pagos de entre S/ 10 mil y S/ 15 mil por permitir que los trabajos continúen. Las amenazas no fueron simples advertencias: provocaron que maquinaria del propio Gobierno Regional se retirara temporalmente de la zona.
“En un determinado tiempo la maquinaria tuvo que regresar a base porque los ingenieros a cargo eran amenazados a cada rato”, relató Mendoza, señalando que esta modalidad de extorsión se ha naturalizado en la provincia al punto de retrasar cronogramas y sembrar miedo generalizado entre los trabajadores.
La tensión obligó a las autoridades locales a reunirse con la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes comunales, logrando un acuerdo para garantizar la seguridad de los profesionales en campo. Como resultado, la maquinaria retornó a las zonas críticas, pero la calma es precaria.
“En estos últimos días nuevamente hubo inconvenientes con los delincuentes”, alertó el alcalde. A pesar del despliegue policial liderado por el coronel Jesús Hidalgo Monroy, jefe de la recientemente creada División Policial de Virú, los grupos criminales siguen operando en la sombra, tanteando el terreno y desafiando a la autoridad.
Más allá de los retrasos y los sobrecostos, el impacto más doloroso es el que se mide en vidas. El miércoles pasado, Jacob Cananahuay Vela (24), obrero de la obra de mantenimiento del polideportivo Alberto Fujimori, fue asesinado a balazos en el distrito de Chao. Todo apunta a un ajuste de cuentas relacionado con extorsión.
Su muerte no fue un hecho aislado. Ya en febrero, una carga de dinamita fue detonada en la plazuela «El Arándano» también en Chao, y se registraron disparos contra la infraestructura del centro de salud de Nuevo Chao. Los patrones se repiten: intimidación, violencia y la exigencia de pagos para “dejar trabajar”.
La lucha contra la extorsión en Virú enfrenta múltiples desafíos: la dispersión geográfica, la escasa presencia del Estado en zonas rurales, la complicidad del silencio, y la rapidez con la que las bandas criminales se reconfiguran. El propio alcalde ha reconocido que, pese a los esfuerzos policiales, el miedo sigue latente. «La delincuencia no duerme», declaró.
