Un enfrentamiento ocurrido en el sector Pampa de la Julia ha abierto un nuevo foco de tensión minera y social en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. Mientras pobladores de la zona responsabilizan a agentes de seguridad privada por las lesiones sufridas por un ciudadano, la empresa Bezago S.A.C. asegura que su personal fue atacado durante una intervención contra el presunto traslado de mineral sustraído.
En el Comunicado Oficial N.° 030-2026, fechado el 1 de noviembre, Bezago denunció además que dos de sus trabajadores fueron privados de su libertad por personas que no habrían participado directamente en el primer incidente. La compañía calificó esta retención como un presunto secuestro agravado y anunció que presentó denuncias contra más de 30 personas.
Las acusaciones formuladas por Bezago —entre ellas tentativa de homicidio, usurpación, hurto agravado y asociación ilícita para delinquir— corresponden exclusivamente a la versión de la empresa. Hasta el cierre de esta nota no se ha conocido un pronunciamiento público de la Policía Nacional o del Ministerio Público que confirme la secuencia completa de los hechos, la identidad de los denunciados o las responsabilidades penales atribuidas.
Dos versiones sobre el origen del enfrentamiento
El conflicto comenzó, según Bezago, cuando personal de la empresa de seguridad privada ARMY —contratada por la compañía— intervino en la salida de un volquete que presuntamente transportaba mineral hurtado. El vehículo habría sido escoltado por otra unidad contratada para esa operación.
La empresa afirma que uno de sus agentes ordenó detener el volquete, pero que el conductor habría intentado atropellarlo. Añade que, durante la persecución, los integrantes de la seguridad privada fueron emboscados y atacados con piedras desde zonas elevadas.
Bezago sostiene que, frente a esa agresión, los agentes aplicaron “protocolos de disuasión y legítima defensa conforme a ley”. Sin embargo, el comunicado no ofrece información técnica sobre las armas utilizadas, el número de disparos efectuados, la distancia desde la cual se produjo la intervención ni las circunstancias exactas en las que resultó herida una persona.
La versión divulgada inicialmente por pobladores presenta una secuencia diferente. Los residentes señalaron que un ciudadano habría sido atacado con disparos efectuados por integrantes de la seguridad privada. Después del incidente, dos personas vinculadas a la empresa fueron retenidas y trasladadas hacia la plaza de Quiruvilca, donde los manifestantes solicitaron la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
Por ahora, ninguna autoridad ha difundido un informe pericial que permita establecer si la lesión fue causada por un proyectil de arma de fuego, perdigones, esquirlas u otro elemento. Tampoco se ha informado públicamente si se efectuaron pruebas de absorción atómica, inspecciones balísticas o diligencias sobre las armas que pudieron emplearse.
Bezago niega una muerte y reconoce que hubo un herido
En su pronunciamiento, Bezago negó que durante el enfrentamiento haya fallecido alguna persona. La empresa reconoció la existencia de un herido, pero lo presentó como uno de los presuntos agresores y aseguró que sufrió una lesión por esquirla.
Según la compañía, el ciudadano recibió auxilio y fue trasladado a la Clínica Pacífico de Huamachuco. Asimismo, afirmó que la empresa de seguridad ARMY asumió la totalidad de sus gastos médicos y hospitalarios. La naturaleza de la lesión, el origen del elemento que la produjo y la actuación concreta de los agentes deberán ser establecidos mediante las investigaciones fiscales y policiales correspondientes.
El estado actual del paciente tampoco ha sido detallado oficialmente. Se desconoce si ya fue dado de alta, si permanece hospitalizado o si rindió una declaración formal ante las autoridades.
Empresa califica como “secuestro” la retención de trabajadores
Bezago denunció que, como represalia por el enfrentamiento, personas ajenas a la intervención retuvieron a dos trabajadores directos de la compañía. De acuerdo con su comunicado, estos empleados no guardaban relación con los agentes que participaron en la persecución ni con las circunstancias en las que resultó herido el ciudadano.
La empresa calificó el hecho como una privación ilegítima de la libertad y sostuvo que podría configurar un secuestro agravado. La legislación peruana establece que la privación de la libertad de una persona puede constituir delito incluso cuando sus autores aleguen motivos de vigilancia, protesta o justicia comunal.
El comunicado no precisa cuánto tiempo permanecieron retenidos, quiénes intervinieron directamente ni si al momento de publicarse el pronunciamiento ambos trabajadores ya habían recuperado su libertad.
Denuncia contra más de 30 personas
Bezago informó que, mediante dos estudios jurídicos, presentó una denuncia penal contra más de 30 personas por los presuntos delitos de secuestro agravado, tentativa de homicidio, usurpación, hurto agravado, daños y asociación ilícita para delinquir.
La compañía asegura contar con grabaciones, fotografías y material pericial que permitirían identificar a los presuntos responsables materiales e intelectuales. También señaló que el volquete intervenido y su propietario ya fueron denunciados ante el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Bezago también anunció que reforzará la seguridad en sus concesiones y propiedades, contratará personal adicional y emprenderá acciones judiciales por difamación contra quienes, según su posición, difundan información falsa sobre el conflicto.
Una disputa que viene escalando desde meses atrás
Los sucesos de Pampa de la Julia no constituyen el primer episodio de tensión relacionado con la actividad minera en Quiruvilca. En junio de 2026 se produjo una intervención destinada a retirar a un grupo de mineros foráneos de terrenos cuya titularidad fue atribuida a Bezago. La diligencia contó con presencia policial y participación de organizaciones locales; la Defensoría del Pueblo informó entonces que más de 300 personas se concentraron en la zona sin que se reportaran heridos.
En aquella oportunidad, representantes de mineros que afirmaban contar con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera denunciaron la presencia de operadores externos y exigieron acciones contra las actividades ilícitas. Ese antecedente muestra que el conflicto actual se desarrolla en un escenario donde coinciden concesiones mineras, operadores en proceso de formalización, organizaciones comunales y grupos acusados de trabajar al margen de la ley.
Durante 2026, la Policía también ejecutó intervenciones relacionadas con explosivos utilizados presuntamente en actividades mineras ilegales. En mayo, tres personas fueron detenidas en Pampa de la Julia con 4,920 cartuchos de dinamita y aproximadamente mil metros de mecha lenta, según información policial difundida públicamente.
El 31 de octubre, un día antes del comunicado de Bezago, otro operativo realizado en Quiruvilca terminó con dos detenidos y la incautación de 595 cartuchos de dinamita, un arma de fuego, cargadores y municiones.
Estos operativos acreditan la circulación ilegal de explosivos y la existencia de investigaciones por minería ilícita en la jurisdicción. Sin embargo, no demuestran automáticamente que las personas involucradas en el enfrentamiento denunciado por Bezago pertenezcan a alguna organización criminal. Esa vinculación deberá ser sustentada individualmente por las autoridades.
La empresa cuestiona a grupos que se presentan como rondas
En una de las partes más severas de su pronunciamiento, Bezago acusó a grupos que actuarían bajo una supuesta representación comunal o como rondas sin legitimidad de utilizar a la población para proteger actividades ilícitas.
La compañía también cuestionó a sectores políticos que, según afirma, respaldarían a estas organizaciones. No identificó en el documento a partidos, autoridades, dirigentes o movimientos específicos, por lo que esa imputación no puede ser contrastada de manera individual.
Bezago exhortó a las autoridades, gremios y organizaciones sociales de Quiruvilca a respaldar la legalidad. También convocó a los operadores con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera a organizarse bajo un modelo productivo regulado, seguro y ambientalmente responsable.
