Cada implicado en atentado a fiscalía recibió mil soles, según la PNP

El atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, perpetrado el 20 de enero del 2025, dejó en evidencia la creciente amenaza del crimen organizado en la región. Gracias a una exhaustiva labor de inteligencia policial, la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) desarticuló una red de delincuentes detrás del ataque, en el cual cada implicado recibió un pago de mil soles por su participación, según las pesquisas.

El atentado ocurrió pasada la medianoche en el cruce de las avenidas Alcides Carrión y Jesús de Nazaret. Un artefacto explosivo, escondido dentro de una caja amarilla de delivery, fue detonado frente al edificio del Ministerio Público, causando daños materiales significativos.

La PNP inició el operativo con el análisis de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad. En el óvalo Mansiche, se identificaron dos vehículos sospechosos: un Hyundai Accent negro, con la placa de rodaje CHM-355, que tenía como farola de la empresa «Sonrisas», y un Kia Soluto rojo oscuro con una franja negra en el techo. Ambos vehículos habían transitado por el lugar antes del atentado.

Un vecino anónimo, quien observó movimientos sospechosos en la zona, anotó la placa del Hyundai negro. Este dato permitió a los agentes rastrear al propietario del vehículo, Erotides Eugenio Mercedes Calderón, un taxista de 36 años.

PIEZA CLAVE

Mercedes Calderón fue intervenido en su vivienda en la calle San Agustín, El Porvenir. En su declaración, confesó haber transportado la caja amarilla que contenía el explosivo, siguiendo las órdenes de Segundo Orlando García, presunto miembro de la banda “Los Compadres”. Según el detenido, la entrega se realizó a un hombre con acento extranjero, probablemente venezolano, quien llegó en motocicleta al lugar del ataque.

Durante el registro domiciliario, la PNP incautó el vehículo Hyundai, prendas de vestir utilizadas durante los hechos y tres teléfonos celulares. Además, mientras los agentes realizaban la intervención, Mercedes Calderón recibió un depósito de 500 soles vía Yape, parte del pago total de mil soles prometido por su participación.

Con la información proporcionada por Mercedes Calderón, la Policía identificó a otros involucrados, como Thalia Rosmery Neira Beltrán, quien fue clave en el traslado del explosivo. Aunque no estaba en su vivienda al momento de la intervención, su hermana permitió el ingreso de los agentes para verificar su ausencia.

Otro personaje vinculado al caso fue Yudith Vanessa Quispe Rodríguez, quien realizó uno de los pagos a través de Yape. A pesar de no encontrarse en su domicilio, las evidencias obtenidas permitieron reforzar su implicación en el atentado.

EL ESCAPE DEL LÍDER Y MÁS PRUEBAS

Los agentes también se dirigieron al inmueble donde se almacenó la caja con el explosivo. Allí, mientras subían al segundo piso, Segundo Orlando García, señalado como el líder operativo del ataque, escapó descolgándose con una soga. Durante el registro, se incautaron cacerinas de arma de fuego, teléfonos celulares y un sistema de cámaras de vigilancia que podría aportar información crucial.

Mientras la PNP culminaba el operativo, detectaron un vehículo sospechoso merodeando la zona: el Kia Soluto rojo oscuro, identificado en las grabaciones de las cámaras. Su conductor, Juan Carlos Valera Barros, confesó haber transportado a un hombre desde El Porvenir hasta las inmediaciones del lugar del atentado. Aunque negó conocerlo, su testimonio y la incautación de un teléfono celular aportaron más detalles a la investigación.

LA CONEXIÓN CON LOS “PULPOS”

Entre los implicados, una de las mujeres detenidas resultó estar vinculada sentimentalmente a un miembro de la banda “Los Pulpos”, lo que conecta este caso con redes criminales más amplias. Según las investigaciones, cada implicado recibió mil soles por participar en el ataque, y parte del dinero fue incautado por la PNP. También se detuvo al venezolano a Héctor Oliveros Tablante y Camila Cristian Flogia Becerra.

Todos los detenidos, junto con las evidencias recopiladas, fueron trasladados al complejo policial de San Andrés para continuar con las diligencias. La fiscal Elia Vilca Julca, de la Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Trujillo, está a cargo del caso, que podría ser clave para desmantelar a más integrantes de estas peligrosas redes criminales.

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Causa Justa

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