Por Yuri Castro
La designación del general Franco Moreno Panta como nuevo jefe de la Región Policial La Libertad llega en uno de los momentos más complejos para la seguridad del norte del país. Trujillo y sus provincias no solo enfrentan una escalada sostenida de sicariato, extorsión y minería ilegal, sino también una crisis interna menos visible, pero igual de peligrosa: la ruptura operativa entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, agravada por decisiones del Comando Policial que debilitaron la investigación criminal desde dentro.
En los últimos meses, el Comando Policial dispuso el cambio de agentes claves de la Diviac que venían desarrollando investigaciones sensibles en La Libertad. La medida se ejecutó sin una explicación pública clara, sin informes técnicos conocidos y, sobre todo, sin evaluar el impacto que tendría sobre casos de alto riesgo que estaban en marcha conjuntamente con la Fiscalía. Para fiscales especializados y fuentes policiales consultadas, se trató de una decisión improvisada que cortó procesos delicados cuando comenzaban a golpear el corazón de las organizaciones criminales.
Investigaciones avanzadas, cambios abruptos
Los agentes removidos no eran personal administrativo ni de apoyo. Se trataba de investigadores netos, con años de experiencia en crimen organizado, que conocían los movimientos, los vínculos económicos y las rutas de poder de bandas como Los Pulpos, La Jauría y otras estructuras criminales vinculadas a la minería ilegal y la extorsión sistemática en Trujillo y el ande liberteño.
Durante años, estos efectivos habían logrado algo poco común en el sistema de justicia trujillano: una coordinación sostenida con fiscales especializados en crimen organizado. Juntos habían construido expedientes complejos, con seguimientos, análisis financiero y trabajo de inteligencia, piezas fundamentales para sostener acusaciones sólidas ante el Poder Judicial.
Ese engranaje, sin embargo, se rompió de un momento a otro. Los agentes fueron trasladados fuera de la región La Libertad, principalmente a Lima y Puno, dejando investigaciones inconclusas, líneas abiertas sin continuidad y fiscales obligados a recomenzar procesos desde cero.
El impacto no fue solo externo. Dentro de la Policía Nacional, el mensaje fue devastador. Lejos de ser reasignados a otras unidades de investigación o inteligencia, varios de estos agentes terminaron en áreas pocos operativas como la Policía Comunitaria, una función valiosa para la prevención, pero completamente ajena a su especialización y trayectoria.
Para muchos efectivos, esta reasignación fue interpretada como una desvalorización de la investigación criminal, casi una sanción encubierta por haber trabajado en casos de alto perfil. El efecto inmediato fue la desmotivación interna y la sensación de que enfrentar a organizaciones criminales poderosas no siempre cuenta con respaldo institucional.
Un divorcio que favorece al crimen
Este escenario profundizó el distanciamiento entre la Policía y el Ministerio Público en La Libertad. Fiscales consultados señalan que sin equipos estables de investigación, la lucha contra el crimen organizado se vuelve fragmentada, reactiva y frágil. Cada cambio abrupto no solo retrasa procesos, sino que beneficia directamente a las redes criminales, que aprovechan los vacíos y la falta de continuidad para reorganizarse.
En una región donde la minería ilegal, el sicariato y la extorsión se entrelazan, la inteligencia y la investigación son más determinantes que los operativos aislados. Sin embargo, las decisiones adoptadas en los últimos años han ido en sentido contrario.
El verdadero desafío del nuevo jefe policial
El general Franco Moreno Panta hereda algo más que una jefatura: recibe una institución tensionada, con investigadores desplazados y una relación deteriorada con la Fiscalía. Su mayor reto no será anunciar operativos mediáticos, sino reconstruir la confianza, devolver estabilidad a los equipos de investigación y corregir decisiones que minaron la lucha contra el crimen organizado.
La seguridad en Trujillo no se resolverá solo con más patrullaje o tecnología. Se resolverá cuando quienes investigan el delito en su raíz cuenten con respaldo, continuidad y una estrategia clara. Hoy, la pregunta sigue abierta: ¿habrá un giro real o se mantendrá una política que ya ha demostrado sus límites?
