El candidato al centro poblado de Villa del Mar, Orestes Joel Becerra Mundaca, quien en su momento se desempeñó como gerente del Ambiente en el Segat y trabajó en diferentes gestiones de Alianza Para el Progreso (APP), figura como acusado por el Ministerio Público en un proceso por presunta colusión agravada relacionado con una contratación realizada en 2021 en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora. Un juzgado dictó auto de enjuiciamiento y programó el inicio del juicio oral para este 16 de octubre de 2026.
La Fiscalía le atribuye haber intervenido, cuando era gerente de Administración y Finanzas de esa comuna, en una contratación que habría ocasionado un perjuicio al Estado. Solicita nueve años de prisión, inhabilitación por el mismo periodo y 487 días-multa.
Orestes Joel Becerra Mundaca, personaje vinculado políticamente al centro poblado Villa del Mar, en Huanchaco, llegará a una etapa decisiva de un proceso penal por presunta corrupción de funcionarios: el próximo 16 de octubre de 2026, a las 10 de la mañana, deberá participar en el inicio del juicio oral seguido en su contra por el presunto delito de colusión agravada.
No se trata únicamente de una denuncia o de una investigación preliminar. El expediente judicial N.° 00035-2022-42-1601-JR-PE-01 se encuentra en etapa de juzgamiento después de que el órgano jurisdiccional dictara auto de enjuiciamiento contra Becerra y otros cuatro acusados.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad acusa a Becerra como presunto autor de colusión agravada por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora.
El Ministerio Público solicita para él nueve años de pena privativa de libertad, nueve años de inhabilitación y 487 días-multa.
El documento judicial revisado por Causa Justa registra que el 15 de agosto de 2025 se realizó la continuación de la audiencia de control del requerimiento acusatorio. En el expediente aparecen como acusados Edwin Roy Neyra Herrera, Gisella Fabiola León Algarate, Orestes Joel Becerra Mundaca y Silvia Esperanza Vásquez Saldaña, a quienes la Fiscalía atribuye la condición de presuntos autores de colusión agravada. Juan Francisco Gutiérrez Rojas, en tanto, aparece acusado como presunto cómplice del mismo delito.
El agraviado es el Estado, específicamente la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, representada en el proceso por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de La Libertad.
Luego del control de acusación y de los medios probatorios ofrecidos por las partes, el juzgado expidió la resolución N.° 23, del 15 de agosto de 2025. La decisión fue concreta: dictar auto de enjuiciamiento contra los cinco acusados. Esto significa que la causa superó la etapa intermedia del proceso penal y que la acusación fiscal será sometida a juicio.
¿QUÉ LE ATRIBUYE?
La imputación contra Becerra se remonta a su paso por la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora. Según el auto de enjuiciamiento, el Ministerio Público sostiene que Becerra participó en el presunto acuerdo defraudatorio relacionado con la contratación de un servicio para el Programa del Vaso de Leche.
Su intervención, sostiene la Fiscalía, ocurrió mientras ejercía como gerente de Administración y Finanzas de la municipalidad. La tesis fiscal señala que, debido a ese cargo, tenía determinadas responsabilidades de control y supervisión sobre las operaciones administrativas y los pagos de la comuna.
El Reglamento de Organización y Funciones citado en la acusación establecía, entre otras obligaciones de esa gerencia, efectuar los pagos correspondientes a los compromisos contraídos, supervisar el control previo antes de autorizar pagos y suscribir órdenes de compra y servicios conjuntamente con la Subgerencia de Contrataciones y Abastecimiento.
A partir de esas funciones, la Fiscalía sostiene que Becerra habría incumplido sus obligaciones de control y supervisión respecto de la contratación y autorización de un pago realizado a Juan Francisco Gutiérrez Rojas.
Pero el Ministerio Público va más allá de señalar una posible irregularidad administrativa: sostiene que esa actuación habría sido consecuencia de un presunto acuerdo colusorio entre funcionarios y el particular contratado.
El caso gira alrededor de la contratación de servicios para el ingreso, validación y reporte de información del Programa Vaso de Leche de Florencia de Mora. De acuerdo con la acusación fiscal, se contrató a Juan Francisco Gutiérrez Rojas para efectuar trabajos vinculados con la información correspondiente al primer semestre de 2021.
El Ministerio Público sostiene, sin embargo, que parte de ese trabajo ya habría sido realizado por otra trabajadora municipal, Verónica Maribel Cabrera Huamán.
Uno de los documentos incorporados como medio probatorio es un informe del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Según lo consignado en el expediente, el Informe N.° D000080-2022-MIDIS-DDM, de marzo de 2022, reportó que la Municipalidad de Florencia de Mora había enviado al MIDIS la información correspondiente al primer semestre de 2021 el 26 de julio de 2021.
La Fiscalía utiliza esa fecha como uno de los elementos de su tesis: sostiene que cuando posteriormente se formalizó la contratación cuestionada, la información ya había sido remitida. Por ello, la acusación considera que no habría existido necesidad de contratar nuevamente el servicio.
Uno de los elementos documentales que deberá ser evaluado durante el juicio es la Orden de Servicio N.° 0546, del 10 de agosto de 2021. Según el auto de enjuiciamiento, este documento será utilizado por la Fiscalía para acreditar que Orestes Joel Becerra Mundaca, entonces gerente de Administración y Finanzas, y Silvia Vásquez Saldaña, entonces subgerenta de Contrataciones y Abastecimiento, autorizaron el servicio contratado a Juan Francisco Gutiérrez Rojas.
El expediente también registra un comprobante de pago del 24 de agosto de 2021 por S/2.000, correspondiente a servicios como personal especializado para el ingreso, validación y reporte de datos del Programa Vaso de Leche. Asimismo, figura un recibo por honorarios electrónico por S/2.000 emitido por Gutiérrez Rojas.
La acusación fiscal sostiene que el contratado habría recibido ese dinero pese a que el servicio correspondiente al primer semestre ya habría sido ejecutado. Ese punto constituye una de las controversias centrales que deberá esclarecer el juicio. El MIDIS y la fecha que será clave durante el juicio.
La documentación del MIDIS incorporada al proceso señala que la Municipalidad de Florencia de Mora remitió la información correspondiente al primer semestre de 2021 el 26 de julio de ese año. La Orden de Servicio N.° 0546 que aparece en la acusación está fechada el 10 de agosto.
Para el Ministerio Público, esta secuencia temporal permite sostener su hipótesis de que la contratación posterior habría sido innecesaria. Corresponderá al Ministerio Público demostrar durante el juicio que existió efectivamente una concertación ilícita, que Becerra participó dolosamente en ella y que se configuraron todos los elementos exigidos por el delito de colusión agravada.
El expediente demuestra que el acusado ha ejercido su derecho de defensa. Durante la etapa intermedia, la defensa de Becerra ofreció testimonios y documentos que fueron admitidos por el juzgado.
Entre ellos se encuentran reportes del MIDIS sobre las fechas de ingreso de información del padrón del Programa Vaso de Leche, documentación relacionada con procedimientos de control previo y un oficio de la Contraloría que daba cuenta de la situación de la Municipalidad de Florencia de Mora respecto de la presentación de información del programa ante el MIDIS. También fueron admitidas las declaraciones testimoniales ofrecidas por su defensa.
Estos elementos deberán ser confrontados durante el juicio con las pruebas presentadas por la Fiscalía. La pretensión del Ministerio Público eleva la relevancia del proceso. Para Edwin Roy Neyra Herrera, Gisella Fabiola León Algarate, Orestes Joel Becerra Mundaca y Silvia Esperanza Vásquez Saldaña, acusados como presuntos autores de colusión agravada, la Fiscalía solicita: nueve años de pena privativa de libertad, inhabilitación por igual periodo y 487 días-multa para cada uno. Para Juan Francisco Gutiérrez Rojas, acusado como presunto cómplice primario, solicita siete años de prisión, inhabilitación por el mismo periodo y 405 días-multa.
La Procuraduría Pública Anticorrupción de La Libertad, constituida como actor civil, solicita además una reparación civil total de S/4.000, compuesta por S/2.000 por presunto daño patrimonial y otros S/2.000 por daño extrapatrimonial, que sería asumida solidariamente por los acusados en caso de establecerse responsabilidad. El expediente fue posteriormente remitido al Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad. Mediante Resolución N.° 1, del 24 de noviembre de 2025, el juzgado dispuso continuar con la siguiente etapa del proceso penal y programó la audiencia virtual e inaplazable de juicio oral.
