El caso IIRSA Norte vuelve a colocar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el centro de la agenda judicial. La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó ante el Poder Judicial la acusación formal contra el exmandatario y otros 10 exfuncionarios por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano.
La acusación sostiene que, entre 2003 y 2005, cuando Kuczynski ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas y presidía el Consejo Directivo de Proinversión, habría intervenido indebidamente en el proceso de promoción y entrega en concesión de los tramos del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte), adjudicados finalmente al consorcio integrado por Odebrecht, Andrade Gutierrez y Graña y Montero.
Según el requerimiento fiscal, PPK habría sostenido reuniones con Jorge Barata —entonces representante de Odebrecht en el Perú— para favorecer los intereses de la empresa brasileña en la adjudicación y posterior firma del contrato de concesión. Esta presunta intervención irregular habría facilitado que el consorcio obtuviera condiciones ventajosas en perjuicio del Estado peruano.
El perjuicio económico estimado por la Fiscalía asciende a US$108 439 773.97, cifra que, según la acusación, representa el daño patrimonial ocasionado por las presuntas irregularidades en el proceso.
Además de Kuczynski, el Ministerio Público ha pedido penas efectivas de prisión para exfuncionarios claves en ese periodo. Para PPK y José Ortiz, exdirector de Proinversión, la fiscalía solicita ocho años y medio de prisión. En el caso de Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico, la solicitud asciende a nueve años de prisión.
El Ministerio Público imputa que estos exfuncionarios habrían actuado concertadamente para beneficiar al consorcio liderado por Odebrecht, vulnerando los principios de transparencia, competencia técnica y defensa del interés público.
La acusación presentada constituye la entrega número 31 del Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial para su respectivo control de legalidad. Esta cifra revela el avance sostenido de las investigaciones del caso Odebrecht en el Perú y el compromiso institucional —según el Ministerio Público— de continuar persiguiendo los delitos de corrupción de alto nivel.
La defensa de Kuczynski ha señalado en diversas oportunidades que las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de Proinversión se realizaron conforme a los procedimientos establecidos, y que no existió concertación alguna. Sin embargo, corresponderá ahora al Poder Judicial evaluar los elementos probatorios presentados y determinar si se abre o no juicio oral.
El caso IIRSA Norte es uno de los expedientes emblemáticos de la macrocorrupción vinculada a Odebrecht, y representa un nuevo capítulo judicial para el expresidente, quien ya afrontó una investigación por el caso Westfield y asesorías recibidas por la misma constructora brasileña.
