La Libertad enfrenta un nuevo caso que evidencia las grietas del sistema de justicia en la atención a delitos de violencia contra la mujer. El presunto feminicidio de Melina Rosas Reyes, ocurrido el 15 de julio de 2025 en la provincia de Otuzco, no solo ha generado indignación y dolor en esa zona de la sierra de La Libertad, sino que también ha puesto en evidencia irregularidades procesales que hoy mantienen en libertad al principal investigado: Paúl Meregildo Reyes.
Una investigación rodeada de obstáculos
De acuerdo con información contenida en la carpeta fiscal, el Ministerio Público enfrentó múltiples dificultades durante la fase inicial de investigación. Pese a ello, el 23 de septiembre de 2025, la fiscalía formalizó su pedido de prisión preventiva por nueve meses, sustentando que existían indicios de feminicidio agravado y riesgos procesales relevantes.
La magistrada Natalie Cajusol Bravo, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Otuzco, declaró fundado el requerimiento.
Una resolución inusual
Pese a la gravedad del delito imputado y al riesgo procesal descrito, la jueza dispuso que la orden de detención recién se ejecute una vez que la resolución quede consentida.
Esta decisión es inusual en casos de prisión preventiva en casos de feminicidio, pues la medida coercitiva tiene por finalidad, precisamente, evitar que el investigado evada la justicia, intimide a testigos o interfiera en la investigación.
Fuentes vinculadas al proceso cuestionan esta interpretación y señalan que constituye una excepción que podría colocar en riesgo la eficacia del proceso penal.
Señalamientos de presión a testigos
En la carpeta fiscal también se señala que el investigado habría intentado influir en testigos, presionándolos para que modifiquen declaraciones claves. De confirmarse, este hecho configura un riesgo procesal severo y debió motivar la ejecución inmediata de la prisión preventiva.
Colectivos de mujeres en Otuzco y Trujillo han expresado preocupación, señalando que estas demoras ponen en evidencia la fragilidad de las víctimas frente a agresores con capacidad de ejercer coerción o intimidación.
La apelación, estancada durante casi dos meses
El 10 de octubre de 2025, la defensa de la víctima presentó recurso de apelación. Sin embargo, al 3 de diciembre, la apelación no había sido elevada a la instancia superior, según documentación procesal.
Esta demora contraviene los plazos razonables establecidos en el Código Procesal Penal y contribuye al clima de impunidad que la familia denuncia. Para especialistas en justicia de género, estas omisiones podrían constituir una vulneración al estándar de diligencia debida reforzada, exigida en casos de feminicidio y violencia grave contra mujeres.
A la fecha, el principal investigado continúa en libertad, pese a tener una medida de prisión preventiva en su contra. La familia de Melina Rosas Reyes exige la inmediata ejecución de la resolución judicial y la continuidad del proceso sin dilaciones.
Organizaciones feministas de La Libertad alertan que este caso podría convertirse en un nuevo ejemplo de impunidad estructural, si no se corrigen las omisiones que han marcado el proceso.
