El financiamiento de campañas electorales por parte de mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) vuelve a encender las alertas en el escenario político peruano. La experiencia de las elecciones generales de 2021 y los movimientos previos a los comicios de 2026 colocan al país frente a un riesgo mayor: la posibilidad de que el próximo Congreso legisle en favor de un sector cuya expansión ha contribuido al deterioro ambiental, la captura de instituciones y el debilitamiento del Estado de derecho.
De acuerdo con información del portal especializado Congrezoo, en las elecciones de 2021 al menos cuatro congresistas electos recibieron aportes de mineros inscritos en el REINFO. Se trata de Lady Camones Soriano, de Alianza para el Progreso; Heidy Juárez Calle, elegida inicialmente por APP y hoy militante de Podemos Perú; Ariana Orué Medina, de Podemos Perú; y María Taipe Coronado, de Perú Libre. Durante el actual periodo legislativo, estas figuras impulsaron o respaldaron iniciativas orientadas a extender o flexibilizar el proceso de formalización minera, a pesar de que diversos especialistas coinciden en que el REINFO no ha logrado su objetivo central de ordenar la actividad minera.
La información revisada por Congrezoo también revela que, en esa misma campaña, otros veinticuatro candidatos de distintas agrupaciones políticas recibieron aportes de mineros inscritos en el REINFO, aunque no lograron llegar al Parlamento. Entre ellos figuraban postulantes del Partido Morado, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. Estos datos provienen exclusivamente de los reportes presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que abre una interrogante clave para la transparencia democrática: ¿cuántos aportes de este sector no fueron declarados oficialmente?
Una influencia que podría crecer en 2026
Lejos de disminuir, la influencia política de la minería informal e ilegal parece encaminada a consolidarse en el próximo proceso electoral. Estudios recientes advierten que siete de cada diez electores consideran probable que este sector financie campañas en las elecciones generales de 2026, una percepción que refleja tanto desconfianza ciudadana como la normalización de estas prácticas en el imaginario público.
En diversas regiones del país ya se identifican candidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados con vínculos estrechos con la minería informal. Uno de los casos más visibles es el de Guido Bellido Ugarte, confirmado candidato al Senado por Podemos Perú, quien durante su paso por el Congreso impulsó varias iniciativas relacionadas con la minería artesanal e informal.
Según una investigación de Ojo Público, entre junio de 2022 y noviembre de 2025, Bellido sostuvo más de cincuenta reuniones en su despacho congresal con representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). Entre los visitantes registrados figura Brussi Elwis Vilca Vilcapaza, exdirigente de la minería ilegal de La Pampa, en Madre de Dios, aunque el propio Bellido ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Estas reuniones no se limitaron al ámbito parlamentario. Bellido también participó en viajes a zonas mineras donde se desarrollaron sesiones descentralizadas de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. En dichos espacios se recogieron propuestas que hoy forman parte del proyecto de Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), una norma clave para el futuro del sector.
Partidos, candidatos y una ciudadanía crítica
La cercanía con la minería informal no es un fenómeno aislado. Partidos como Podemos Perú y Renovación Popular cuentan actualmente entre sus precandidatos con personas vinculadas directa o indirectamente a este sector. Sin embargo, los datos de opinión pública revelan una contradicción significativa. Según el Centro Wiñaq, más de la mitad de los ciudadanos, un 54,6 %, afirma que votará en 2026 por un candidato que proponga controlar y restringir la minería informal e ilegal. Apenas el 8,9 % señala que respaldaría a un postulante cercano a estos intereses.
Este desfase entre la oferta política y las expectativas ciudadanas plantea un escenario complejo. Mientras los partidos buscan financiamiento y apoyo territorial, la ciudadanía expresa un creciente rechazo a un modelo extractivo que ha generado conflictos sociales, contaminación ambiental y economías ilegales en amplias zonas del país.
El futuro del REINFO y las advertencias técnicas
En paralelo a este contexto electoral, el Congreso evalúa una nueva ampliación del REINFO, que podría extenderse hasta diciembre de 2027. La medida cuenta con la oposición de especialistas y organizaciones técnicas que advierten sobre sus consecuencias.
El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) señaló recientemente que una nueva prórroga permitiría que miles de operadores continúen trabajando sin instrumentos de gestión ambiental aprobados, sin autorización de uso de agua, sin certificación de insumos fiscalizados y sin obligaciones efectivas de remediación. En la práctica, sostienen, se trata de una legalidad precaria que termina beneficiando a actividades que operan al margen de estándares ambientales y sociales básicos.
La experiencia de los últimos años demuestra que el REINFO, lejos de ser una herramienta transitoria de formalización, se ha convertido en un paraguas que facilita la permanencia de prácticas informales e incluso ilegales. Si a ello se suma su influencia en el financiamiento político, el riesgo es evidente: un Congreso condicionado por intereses que priorizan la expansión extractiva por encima del interés público.
Un debate clave para la democracia
El financiamiento político vinculado a la minería informal plantea preguntas de fondo sobre la calidad de la democracia peruana. ¿Quiénes financian a quienes legislan? ¿A qué intereses responden las leyes que se aprueban? ¿Qué costo ambiental, social e institucional está dispuesto a asumir el país?
De cara a las elecciones de 2026, el caso del REINFO y sus vínculos con la política no es solo un tema sectorial. Es una discusión estructural sobre transparencia, representación y el rumbo que tomará el Estado frente a economías ilegales que, con recursos y organización, buscan consolidar poder en los espacios de decisión.
