La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, enfrenta una nueva controversia judicial tras la presentación de una denuncia constitucional en su contra por parte del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. La mandataria es acusada de cohecho pasivo impropio en el marco del conocido como «caso Rolex». Según la Fiscalía, Boluarte habría recibido, en calidad de donación, varios artículos de lujo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favores políticos.
La denuncia, presentada al Congreso de la República, acusa a Boluarte de recibir tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes. Estos regalos, según el Ministerio Público, fueron entregados para que la presidenta realizara actos propios de su cargo en favor del gobierno regional de Ayacucho. Además, se cuestiona la emisión de al menos siete decretos supremos y leyes beneficiando a varios gobiernos regionales, incluyendo el de Ayacucho.
Contexto y Repercusiones
La situación de Boluarte se complica al estar también bajo investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. No obstante, el abogado penalista Carlos Caro explica que estos cargos quedarán archivados con la presentación de la denuncia constitucional, ya que la autorización del Parlamento es necesaria para avanzar la pesquisa a una fase preparatoria.
El fiscal Villena concluyó la etapa preliminar de la investigación y remitió el documento al presidente del Parlamento, Alejandro Soto. Ahora, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá proceder con el trámite correspondiente.
Protección Constitucional y Perspectivas
Por otro lado, El abogado de Boluarte, Joseph Campos, sostiene que la presidenta no puede ser acusada mientras esté en funciones, amparándose en el artículo 117 de la Constitución. Este artículo establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver arbitrariamente el Congreso, o impedir el funcionamiento de organismos electorales.
Campos señaló que la denuncia constitucional implica que el caso se cerrará a nivel mediático y que las investigaciones se suspenderán hasta el 2026, cuando culmina la gestión de Boluarte. En una reciente entrevista, Campos afirmó que el caso se verá hasta que la presidenta deje el cargo, y que cualquier acción legal efectiva solo será posible después de dicho periodo.
Asimismo, en entrevista con Canal N, el abogado constitucionalista Natale Amprimo comentó que, aunque la denuncia continuará en el Congreso, no se procederá con una acusación formal hasta que Boluarte deje la presidencia. Según Amprimo, la única salida política inmediata sería la tramitación de una vacancia por incapacidad moral, aunque el Parlamento ha rechazado recientemente tres mociones de vacancia relacionadas con diversos temas, incluido el caso Rolex.
El Caso Rolex
La investigación se originó a partir de un informe del portal ‘La Encerrona’, que en marzo analizó 10,000 fotografías y determinó que Boluarte poseía una colección de al menos 14 relojes de alta gama, incluyendo un Rolex. Inicialmente, la presidenta calificó el reporte de «tendencioso» pero luego reconoció que los relojes eran prestados por Oscorima, quien en un inicio negó cualquier vínculo con los artículos de lujo.
En resumen, mientras las autoridades continúan investigando y el Congreso evalúa la denuncia, la comunidad política y los ciudadanos permanecen atentos al desarrollo de este polémico caso que ha sacudido la administración de Boluarte.
