Chepén, La Libertad. La inseguridad golpea nuevamente al sector educativo. Esta vez, la directora de la institución educativa 80410 – “Alfredo Gonzalo Lara Hoyos”, ubicada en el centro poblado Santa Rosa, distrito de Pueblo Nuevo (Chepén), denunció ante la Policía Nacional haber sido víctima de una grave amenaza extorsiva dirigida a ella, su equipo docente y los estudiantes del plantel.
El caso fue atendido por agentes de la DEPINCRI Chepén, quienes recibieron la denuncia de J.M.Ch.V., (47), directora del colegio, quien relató que el jueves 20 de junio recibió múltiples mensajes vía WhatsApp desde el número 901609908. El remitente le exigía S/ 500 por cada docente que labora en la institución, advirtiendo que, de no hacerlo, atentarían contra la integridad del personal y de los escolares.
La directora detalló que se encontraba en su centro de labores cuando comenzó a recibir las comunicaciones extorsivas. Aunque no se revelaron los mensajes exactos, fuentes policiales confirmaron que se trataba de un caso típico de extorsión digital, en el que los delincuentes simulan vigilancia y poder sobre la víctima para generar pánico y forzar el pago.
Este tipo de amenazas no es aislado. En los últimos meses, la región La Libertad ha registrado un aumento alarmante de extorsiones dirigidas a negocios, transportistas e incluso escuelas. Chepén, una provincia de alto dinamismo agrícola y comercial, no ha sido la excepción.
El hecho de que las amenazas hayan sido dirigidas directamente contra docentes y estudiantes en un colegio rural marca un nuevo nivel de peligro. La posibilidad de que el crimen organizado utilice el sistema educativo como blanco para el cobro de cupos encendió las alarmas entre los gremios magisteriales.
La denuncia fue elevada al Representante del Ministerio Público, quien deberá iniciar las diligencias de ley, incluyendo el rastreo del número telefónico utilizado y posibles vinculaciones con redes criminales activas en la zona.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni físicos, pero la tensión entre el personal docente y los padres de familia es creciente. Las autoridades escolares exigen presencia policial permanente y acciones inmediatas para proteger la comunidad educativa.
