La tragedia de Pataz, donde 13 trabajadores de seguridad fueron secuestrados y asesinados por mafias vinculadas a la minería ilegal, pone, a la vez, en tela de juicio la coherencia política del Congreso de la República.
Un total de 83 parlamentarios —incluidos varios representantes de La Libertad— votaron a favor de la ampliación del Reinfo, el régimen que, lejos de cumplir su promesa de formalizar la pequeña minería, sirve de escudo legal para operaciones ilícitas en todo el país, tal como lo advierten varios especialistas.
Paradójicamente, muchos de estos legisladores salen ahora a expresar su “solidaridad” con las víctimas y sus familias, pese a que respaldaron la continuidad de un sistema normativo que permite la expansión de la minería ilegal, justamente la que hoy desangra regiones como La Libertad, Madre de Dios y Puno, entre otras.
En la última ampliación del Reinfo —cuestionada por diversos sectores y observada por el Tribunal Constitucional— 87 congresistas de diversas bancadas apoyaron la medida. Entre ellos, figuran cinco parlamentarios liberteños: Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), Diego Bazán Calderón (Avanza País), Juan Burgos Oliveros (No agrupado), Héctor Acuña Peralta (Unidad y Diálogo Parlamentario) y Carlos Alva Rojas (Acción Popular).
Desde su implementación en junio de 2017, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha recibido más de 90 mil solicitudes. Sin embargo, solo 2.108 lograron culminar con éxito el proceso de formalización, es decir, apenas el 2.34 % del total. Una vez formalizados, estos salen del registro, lo que deja un enorme volumen de operaciones “en proceso”, muchas de las cuales siguen funcionando sin controles reales ni fiscalización efectiva.
El Reinfo, que inicialmente fue planteado como una herramienta transitoria para atraer a la legalidad a los pequeños mineros informales, terminó convirtiéndose en un salvoconducto para actividades ilegales, amparadas por la propia permisividad normativa del Congreso.
Tras la masacre en Pataz, varios de estos congresistas han difundido comunicados de solidaridad, exigiendo seguridad y justicia. Sin embargo, la contradicción es evidente: avalaron con su voto una norma que ha facilitado el crecimiento de la minería ilegal, precisamente el sector que estaría detrás del asesinato de los 13 trabajadores.
