Un paso histórico para los trabajadores de la Defensa Pública. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen que dispone el cambio de régimen laboral de los defensores públicos contratados bajo el sistema CAS, permitiendo su incorporación progresiva al régimen del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
La medida beneficiará a más de 2,700 servidores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), quienes por años han denunciado condiciones precarias y brechas salariales frente a otros servidores del Estado.
Durante la sesión, los congresistas sustentaron que los defensores públicos y personal administrativo enfrentan una brecha salarial de hasta 40%, a pesar de cumplir funciones similares a las de otros profesionales del sector.
Asimismo, se destacó que esta desigualdad afecta directamente la calidad del servicio gratuito de defensa pública que se brinda a miles de ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
“Esta ley busca justicia para quienes defienden los derechos de los más pobres del país”, expresó Alex Randu Flores Ramírez, congresista de Perú Libre, autor de la propuesta legislativa.
Detalles de la norma aprobada
El dictamen, sustentado en los proyectos de ley 5361/2022-CR, 5591/2022-CR, 5616/2022-CR y otros, establece que la incorporación al régimen 728 se realizará de manera gradual y progresiva en un plazo máximo de tres años, según el orden de prelación del tiempo de servicio.
La transición no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, ya que será financiada con cargo al presupuesto institucional del Minjusdh.
El objetivo, según la Comisión, es garantizar una transición ordenada y sostenible, dentro de un marco presupuestal equilibrado.
Ley que incorpora al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo contrato CAS a plazo indeterminado.
Artículo 1.- Objeto de la ley.
a presente ley tiene por objeto incorporar a los defensores públicos, conciliadores, trabajadores sociales, equipos multidisciplinarios y personal administrativo del Minjusdh al régimen 728, de manera gradual y progresiva, en un plazo de tres años, conforme a la disponibilidad presupuestal y el tiempo de servicio.
Esta iniciativa legislativa se enmarca en la demanda nacional por la eliminación del régimen CAS y la búsqueda de igualdad de derechos laborales en el Estado.
En los últimos años, los defensores públicos han denunciado altos niveles de rotación, sobrecarga procesal y falta de estabilidad, lo que repercute en la atención legal gratuita a víctimas de violencia, menores y personas de escasos recursos.
