Un caso que conmocionó a Trujillo y mantuvo en vilo a toda una ciudad llegó a su etapa final en el Poder Judicial. El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Unidad de Flagrancia de La Libertad condenó a 30 años de prisión efectiva a Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis por el delito de secuestro agravado en agravio de una bebé recién nacida que fue sustraída del Hospital Belén de Trujillo.
La sentencia, emitida el pasado 12 de junio de 2026, pone fin a un proceso judicial que se inició tras la desaparición de una menor de apenas un día de nacida, un hecho que generó una inmediata movilización policial y una intensa búsqueda que culminó con el rescate de la niña.
Además de la pena privativa de libertad, el órgano jurisdiccional ordenó el pago de una reparación civil de S/ 10 mil a favor de la menor agraviada.
Los hechos ocurrieron cuando la bebé de iniciales L.L.M.R. permanecía bajo cuidado médico junto a su madre, Liliana Esther Rafael Quispe, en el Hospital Belén de Trujillo.
Según la investigación fiscal, la acusada logró ganarse la confianza de la madre y aprovechó un momento de vulnerabilidad para retirar a la recién nacida mediante engaños y sin autorización del establecimiento de salud.
La desaparición de la menor generó momentos de desesperación entre familiares, personal médico y autoridades, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda.
La noticia causó gran conmoción debido a la corta edad de la víctima y al riesgo que implicaba permanecer alejada de los cuidados médicos que requería tras su nacimiento.
Rescate policial evitó una tragedia
Tras las denuncias y el despliegue de las investigaciones, efectivos de la Policía Nacional lograron ubicar a la bebé en la vivienda de la acusada.
La menor fue rescatada sana y salva y posteriormente trasladada nuevamente al Hospital Belén para continuar con las evaluaciones y cuidados correspondientes.
La rápida intervención policial fue determinante para garantizar la integridad física de la recién nacida y evitar consecuencias mayores.
El rescate permitió además obtener elementos probatorios fundamentales para la investigación que posteriormente desarrolló el Ministerio Público.
Fiscalía actuó de inmediato
El Ministerio Público informó que, tras conocerse el caso, el fiscal provincial Juan Alexander Huamán Rojas, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, solicitó prisión preventiva contra la investigada.
El requerimiento fue presentado el 30 de agosto de 2025 y declarado fundado por el Poder Judicial por un periodo de nueve meses.
Durante ese tiempo, la Fiscalía reunió declaraciones, pericias, informes policiales y otros elementos de convicción que permitieron sustentar la acusación por secuestro agravado.
La acusación formal fue presentada el 4 de diciembre de 2025.
Una condena ejemplar
Tras la evaluación de las pruebas presentadas durante el juicio oral, el Poder Judicial determinó la responsabilidad penal de Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis y le impuso una condena de 30 años de prisión efectiva.
Se trata de una de las sentencias más severas emitidas recientemente en La Libertad en casos relacionados con la vulneración de la libertad personal de menores de edad.
La decisión judicial también reconoce la gravedad de haber separado a una recién nacida de su madre apenas horas después de su nacimiento.
¿Por qué el caso generó tanta indignación?
La desaparición de bebés recién nacidos constituye uno de los delitos que mayor alarma social genera debido a la extrema vulnerabilidad de las víctimas.
En este caso, la corta edad de la menor, las circunstancias en las que fue retirada del hospital y el impacto emocional ocasionado a la familia provocaron una profunda reacción ciudadana.
Especialistas en protección infantil señalan que este tipo de delitos afecta no solo a la víctima directa, sino también a su entorno familiar, generando secuelas psicológicas que pueden prolongarse durante años.
La sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de La Libertad marca un precedente importante en la protección de los derechos de los menores de edad.
El fallo ratifica que los delitos cometidos contra niños y recién nacidos reciben una respuesta severa por parte del sistema judicial, especialmente cuando se compromete su libertad, integridad y bienestar.
Mientras la menor continúa bajo el cuidado de su familia, la condena busca cerrar uno de los episodios más impactantes registrados en los últimos años en la región y enviar un mensaje claro respecto a la protección de la niñez.
