Florencia de Mora y El Porvenir, dos distritos golpeados históricamente por la criminalidad, pueden finalmente respirar con un poco más de tranquilidad. La justicia ha cerrado un capítulo oscuro al confirmar la sentencia contra la organización criminal “La Nueva Jauría del Nuevo Florencia”, una banda que durante años mantuvo bajo amenaza constante a empresarios del transporte público y a decenas de familias que dependían de este servicio para sobrevivir.
Desde su desarticulación en 2017, este grupo delictivo venía siendo investigado por el Equipo N.º 03 de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad. A cargo del fiscal provincial Rafael Gonzales Hurtado, y con el apoyo de los fiscales adjuntos Andrea Lavado Pérez, Imelda Gisselle Sifuentes López y José Andrés Quispe Lozano, se logró una sentencia en primera instancia que ahora ha sido ratificada en segunda por la Quinta Fiscalía Superior Penal, bajo la conducción de la fiscal superior Carla Aurora León Aguilar.
El caso ha sido emblemático no solo por su complejidad, sino por el grado de impunidad con que la banda actuaba. El líder de la organización, Juan Carlos Huaripata Chávez (a) “Serrano Juanca”, manejaba todas las operaciones desde dentro del penal. A través de teléfonos móviles ingresados de manera clandestina, daba órdenes, planificaba extorsiones y decidía sobre la vida o muerte de quienes se atrevían a resistirse a sus amenazas. Lejos de ser un preso más, Huaripata seguía siendo el “general” de una estructura que funcionaba como un reloj suizo de la violencia.
Las investigaciones permitieron revelar una red bien articulada, con funciones y jerarquías definidas. Fuera del penal, un reducido grupo de hombres se encargaba de ejecutar las extorsiones, intimidar a los agraviados y recoger el dinero bajo la modalidad de “chalequeo”. El miedo se instaló en las calles, en las rutas y en las puertas de las viviendas de los transportistas que día a día se debatían entre pagar por su seguridad o arriesgarlo todo.
Uno de los testimonios más sobrecogedores del juicio fue el de un conductor de colectivos que operaba la ruta entre Florencia y el centro de Trujillo. Con voz quebrada, narró cómo una noche encontró una nota con una bala debajo del parabrisas de su vehículo. Esa misma semana, otro compañero suyo fue baleado por negarse a pagar la cuota mensual. La amenaza era clara: pagar o morir.
La evidencia presentada en juicio fue contundente. Grabaciones de llamadas telefónicas, depósitos bancarios dirigidos a cuentas creadas exclusivamente para recibir los pagos extorsivos, capturas de conversaciones vía WhatsApp y peritajes técnicos revelaron la sofisticación del grupo. El Ministerio Público no solo logró probar los delitos cometidos, sino también desmontar la estructura interna de la banda.
La sentencia dictada es considerada ejemplar. Juan Carlos Huaripata Chávez recibió una pena de 18 años de prisión, igual que Andy Marquina Galarreta, quien se encargaba de abrir las cuentas donde se canalizaban los pagos. Víctor Tamayo Salinas fue condenado a 11 años y 4 meses, tras ser detenido con armas, municiones y explosivos. Otros integrantes clave, como Elvis Valdiviezo Rojas y Luis Alfaro Correa, cumplirán condenas superiores a cinco años por su participación directa en los actos de intimidación.
El impacto emocional y psicológico que este grupo dejó en sus víctimas es aún latente. Algunos choferes abandonaron sus rutas, otros dejaron el trabajo por completo, y no faltan los que hoy siguen recibiendo terapias psicológicas por el trauma vivido. La herida sigue abierta, pero la reciente sentencia permite, al menos, un respiro. Una señal de que, pese a las dificultades del sistema judicial, el crimen puede ser enfrentado con decisión y resultados concretos.
Este caso también sienta un precedente sobre la necesidad urgente de reformar y reforzar los controles dentro de los penales. El hecho de que un interno haya podido liderar una organización criminal desde prisión, usando teléfonos celulares, expone una grave falencia del sistema penitenciario peruano. La lucha contra el crimen no se gana únicamente en las calles, sino también al interior de las cárceles.
Hoy, los fiscales que llevaron este caso miran con firmeza hacia adelante. Aunque reconocen el logro, saben que “La Nueva Jauría del Nuevo Florencia” no fue una excepción. Otras bandas, con nombres distintos pero con métodos similares, siguen activas en diferentes distritos de La Libertad. La tarea es inmensa, pero el caso Huaripata demuestra que es posible avanzar cuando el Estado actúa de forma articulada, con rigor y valentía.
El mensaje es claro: en Trujillo, aunque aún se camina entre el miedo, la justicia también avanza con pasos firmes.
