Una sentencia emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad puso fin a un proceso judicial que se originó tras una violenta madrugada de asaltos en el centro poblado El Milagro, en Trujillo. El tribunal condenó a Darwin Alberto Odar Mendoza y Marco Antonio Carrasco Golac como coautores del delito de robo agravado en grado de tentativa, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio oral.
La decisión judicial fue resultado de la acusación sostenida por la Dra. Diana Kelly Soto Caro, fiscal titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, quien logró acreditar que ambos sujetos participaron en dos ataques violentos ocurridos la madrugada del 9 de diciembre de 2024.
Según la tesis fiscal, los acusados actuaron de manera coordinada y con violencia contra sus víctimas, hechos que fueron considerados por el tribunal como delitos autónomos y no como una sola conducta delictiva.
Dos asaltos en una misma madrugada
Durante el juicio, la Fiscalía expuso que los hechos ocurrieron en distintos momentos de la madrugada en el sector de El Milagro, en el distrito de Huanchaco.
De acuerdo con la investigación, los acusados interceptaron primero a un mototaxista, a quien agredieron físicamente para despojarlo de sus pertenencias.
Minutos después, según el expediente judicial, los mismos sujetos abordaron a una trabajadora, a quien amenazaron de muerte durante un segundo asalto.
Para la Fiscalía, ambos episodios evidenciaban un patrón de violencia y una actuación criminal reiterada, lo que permitió sustentar que se trataba de dos hechos distintos y no de un solo delito continuado, como argumentaba la defensa.
La estrategia de la defensa que fue rechazada
Uno de los puntos centrales del juicio fue el debate sobre la calificación jurídica de los hechos.
La defensa de los acusados intentó sostener que los ataques debían ser considerados un “delito continuado”, figura jurídica que agrupa varios actos similares como si se tratara de un solo delito. Esta interpretación, de ser aceptada, habría reducido significativamente la pena.
Sin embargo, la fiscal Diana Soto Caro logró demostrar ante el tribunal que esa tesis no correspondía al caso concreto.
Durante su argumentación, la representante del Ministerio Público explicó que los hechos presentaban independencia fáctica, ya que ocurrieron en momentos distintos y afectaron a víctimas diferentes.
Además, sostuvo que el robo agravado es un delito pluriofensivo, porque no solo afecta el patrimonio de la víctima, sino también su integridad física y psicológica.
Por ello, cada ataque debía ser considerado como una agresión independiente, criterio que finalmente fue aceptado por el colegiado.
Penas diferenciadas según el perfil de los acusados
Otro elemento clave en la sentencia fue la individualización de las penas.
La Fiscalía solicitó sanciones distintas para cada acusado, teniendo en cuenta sus antecedentes y condiciones personales.
En el caso de Darwin Alberto Odar Mendoza, el Ministerio Público acreditó que se trataba de un reincidente, ya que anteriormente había sido condenado a nueve años de prisión por otro delito.
Este antecedente fue determinante para que el tribunal impusiera una pena de 20 años y 10 meses de cárcel.
En cambio, para Marco Antonio Carrasco Golac, el colegiado consideró la figura de imputabilidad restringida, debido a que el acusado tenía 19 años al momento de los hechos.
Por esta razón, la condena fue fijada en 10 años y 10 meses de prisión.
Reparación civil para las víctimas
La sentencia también estableció el pago de una reparación civil solidaria de 5,000 soles a favor de los agraviados.
De ese monto, 2,500 soles corresponden a cada una de las víctimas, como compensación por los daños sufridos durante los asaltos.
Con esta decisión judicial, el Ministerio Público sostiene que se reafirma el principio de que los delitos violentos contra ciudadanos no deben quedar impunes.
El caso también evidencia la importancia de la estrategia fiscal durante el juicio oral, donde la sustentación jurídica y la reconstrucción detallada de los hechos resultaron determinantes para la condena.
En una región golpeada por la delincuencia, sentencias como esta buscan enviar un mensaje claro sobre las consecuencias penales de los robos agravados cometidos con violencia.
