Una sentencia histórica acaba de emitirse en La Libertad: el exalcalde del distrito de Huanchaco, Fernando Julio Bazán Pinillos, junto a varios exfuncionarios municipales y empresarios, ha sido condenado por haber defraudado al Estado con más de un millón y medio de soles en la ejecución de una obra pública. El fallo, logrado por el fiscal adjunto provincial Wilder Omar Delgado Flores, marca un precedente en la lucha contra la corrupción en gobiernos locales de la región.
La trama de corrupción gira en torno a una obra esencial: el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado sanitario para los centros poblados de Huanchaquito y El Trópico, ejecutada entre los años 2009 y 2010. Lo que debía convertirse en un proyecto de dignificación para cientos de familias, terminó convertido en un caso emblemático de malversación de fondos públicos, favoritismo empresarial y una cadena de omisiones técnicas y éticas.
Según el expediente judicial, las irregularidades comenzaron desde la planificación y ejecución del proyecto. La empresa contratista, representada por Edwin Alfredo Cribilleros Vergara y Luis Edgardo Castillo Florián, recibió pagos por trabajos no ejecutados. Se valorizó y abonó por partidas completas de obra, a pesar de que las inspecciones técnicas posteriores evidenciaron que estos trabajos nunca se realizaron o se ejecutaron de forma parcial. Esta práctica de “metrados fantasmas”, común en esquemas de corrupción, fue encubierta por la complicidad de funcionarios y supervisores de obra.
El caso alcanzó su punto crítico con la intervención directa del entonces alcalde Fernando Bazán, quien, según la Fiscalía, firmó un acuerdo conciliatorio irregular con la empresa ejecutora, sin contar con la aprobación del Concejo Municipal. Este acuerdo permitió transferir S/ 446 000 adicionales a la empresa, pese a que ya se había incumplido el contrato original. Sumado a ello, se descubrió que la municipalidad había cancelado otros S/ 917 000 por metrados inexistentes, elevando el perjuicio económico al Estado a un total de S/ 1 640 000.
El Ministerio Público logró acreditar no solo la responsabilidad penal del exburgomaestre, sino también la participación activa de quienes debieron fiscalizar o supervisar la ejecución del proyecto. Entre ellos figuran Fernando Javier Moreno Meléndez, exgerente de desarrollo urbano y rural, y Víctor Augusto Ingunza Montejo, supervisor de la obra, ambos condenados a seis años de prisión efectiva. Por su parte, los ingenieros residentes Marcia Martos Hernández y César Augusto Arana Quiroz recibieron sentencias de cuatro años de prisión suspendida.
El fallo judicial impone también nueve años de cárcel efectiva al propio exalcalde Bazán, aunque se ha dispuesto que la ejecución de las penas efectivas se suspenda hasta que la sentencia quede firme. En otras palabras, los condenados permanecerán en libertad mientras no se resuelvan eventuales recursos de apelación.
