Siete policías, cuatro de ellos aún en libertad, que trabajaban en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo fueron condenados, en primera instancia, a pena de cárcel tras haber sido acusados por el Ministerio Público de formar parte de una organización delictiva que se dedicaba al robo agravado a personas inocentes o con antecedentes con el objetivo de sacarles dinero a cambio de dejarlos libres.
Las investigaciones de este caso estuvieron a cargo de agentes de la Diviac y de los fiscales Delmy Díaz Fernández y Colin Quispe Alvarado. De acuerdo al adelanto de fallo, los suboficiales Arabel Santos Purizaca Satornicio (55) y Rogger Junior Chilcho Morales (38) fueron condenados a 16 años de pena privativa de libertad por el delito de robo agravado. En tanto, a los suboficiales Yalí Peláez Díaz (27) y Víctor Eduardo Ruiz Valderrama (30) se les aplicó cinco años de cárcel. La misma resolución indica que a los suboficiales Grecia Alejandra Bravo Galarreta (29), Joel Isaías Curo Baca (23) y Joe Anderxon Atalaya Asunción (21), en calidad de cómplices, fueron también condenados por robo agravado a cuatro años de pena privativa de libertad, todos con carácter de efectiva.
La sentencia fue dictada por unanimidad por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, conformado por los jueces titulares Marco Aurelio Tejada Ortiz, Santos Teófilo Cruz Ponce y Carlos Germán Gutiérrez Gutiérrez. Los mismos jueces decidieron absolver a Edwin Moisés Cruz Chagua (35) y el coronel Alejandro Demetrio Lazo del Carpio, exjefe de la Sección de Robos y exjefe de la Divincri, respectivamente, quienes también estuvieron implicados en el caso.
Para ambos, el juzgado ordenó que se remitan copias a la Fiscalía Anticorrupción para que se le abra una investigación por el delito de cohecho pasivo propio. Los jueces absolvieron al teniente y el coronel del delito de robo agravado. Es decir, siete policías fueron condenados por robo agravado, en tanto el coronel Lazo y el teniente Cruz serán procesados por la fiscalía y juzgado anticorrupción. No se probó su participación en el robo agravado, pero serán procesados por supuestamente haber recibido parte de los 70,000 soles que le sustrajeron a los agraviados. Uno de los sentenciados, durante la audiencia de juicio oral, dijo que parte del dinero robado le entregaron al coronel y al teniente.
Los suboficiales Arabel Santos Purizaca Satornicio, Rogger Junior Chilcho Morales y Grecia Alejandra Bravo Galarreta ya están detenidos y saldría en libertad el 12 de julio del 2037 y 12 de julio del 2025, respectivamente. El Juzgado determinó que la sentencia condenatoria tiene carácter de ejecución provisional y ordenó se cursen los oficios para que se capturen a los suboficiales Yali Peláez Díaz, Víctor Ruiz Valderrama, Joel Curo Baca y Joe Atalaya Asunción, quienes actualmente están en calidad de no habidos y prófugos de la justicia. La lectura integra de la sentencia se realizará el 27 de marzo.
En un primer momento, la Fiscalía acusada a los policías de formar parte de una banda que dedicada a la presunta comisión de delitos contra la libertad en la modalidad de secuestro, robo agravado (con arma de fuego), falsedad ideológica y omisión a los actos funcionales en agravio del Estado; sin embargo retiró la acusación por robo agravado. Todos eran parte del grupo 4 de Robos de la Divincri.
La primera acusación fiscal señalaba que los agentes conformarían una banda criminal, quienes a pesar de no contar con una organización interna definida han venido perpetrando diversos delitos como secuestro, robo agravado y otros para lograr su beneficio. Asimismo, esta banda criminal venía operando desde el año 2016 y estaba integrada por efectivos policiales que laboraban en la Divincri Centro en la sección robos, quienes aprovechándose de su cargo simulan falsos operativos con el único fin de obtener provecho económico indebido, dirigidos contra ciudadanos que cuentan con antecedentes o que son consumidores habituales de droga Para tales actividades utilizan patrulleros, chalecos y otros distintivos de la PNP y hasta la sede policial donde trasladan a los agraviados mediante la restricción ilegal de la libertad de los afectados.
