La madrugada de hoy, un atentado frente a la sede principal del Ministerio Público en Trujillo conmocionó a la región y encendió las alarmas sobre el alcance de la criminalidad organizada en el país. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, señaló que las primeras investigaciones apuntan a la implicancia de dos bandas criminales y el uso de dinamita proveniente de la minería ilegal en este grave delito.
En declaraciones a los medios, la fiscal Espinoza reveló que una de las fiscales asignadas al edificio atacado había recibido amenazas días antes debido a su trabajo en un caso relacionado con crimen organizado. Este detalle refuerza la hipótesis de que el atentado fue un mensaje directo de organizaciones delictivas en represalia por las investigaciones en curso.
“De los primeros elementos que estamos recibiendo, esta dinamita procedería de la minería ilegal. Esto nos confirma que la criminalidad organizada está operando con total impunidad”, explicó Espinoza en entrevista radial. Según los primeros reportes, el tipo de explosivo utilizado es característico de actividades mineras ilegales, lo que evidencia el nexo entre estas prácticas ilícitas y las redes del crimen organizado en la región.
Durante su declaración, la fiscal de la Nación hizo énfasis en la necesidad de cambios urgentes en la legislación para combatir la delincuencia de manera eficaz. Explicó que, aunque se logre identificar a los responsables del ataque, no sería posible detenerlos debido a la falta de herramientas legales, como la figura de la detención preliminar, que fue eliminada en su versión original.
«Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya en su versión original la figura de la detención preliminar. Sin esta herramienta procesal, no podemos garantizar una investigación oportuna ni proteger adecuadamente a quienes enfrentan a estas redes criminales», enfatizó Espinoza.
La fiscalía anunció que tomará medidas adicionales para proteger a sus integrantes, especialmente a aquellos que trabajan en casos sensibles relacionados con crimen organizado. La fiscal Espinoza informó que la fiscal amenazada contará con protección policial inmediata, y se intensificarán las medidas de seguridad en todas las sedes del Ministerio Público en regiones con alta incidencia delictiva.
“Estamos enfrentando una situación grave donde la vida de nuestros fiscales está en peligro. Este ataque demuestra que los fiscales que están haciendo un trabajo responsable están siendo amenazados por seguir las huellas de delincuentes peligrosos. Necesitamos un respaldo firme y acciones concretas del Ministerio del Interior”, afirmó con preocupación.
Este atentado es un reflejo de la creciente influencia de la criminalidad organizada en la región La Libertad, donde delitos como extorsión, sicariato y minería ilegal están profundamente arraigados. Según los expertos, el uso de explosivos para intimidar a las autoridades es una muestra del nivel de impunidad con el que operan estas bandas.
La fiscal de la Nación anunció que viajará a Trujillo para supervisar personalmente las investigaciones. Asimismo, reiteró el compromiso del Ministerio Público de continuar con su lucha contra la criminalidad organizada, pese a las amenazas. “No vamos a retroceder. Sabemos que enfrentamos riesgos, pero nuestra misión es clara: defender a la ciudadanía y llevar justicia”, concluyó.