Un reportaje de Cuarto Poder reveló un caso que vincula al actual jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo, Juan José Canales Durand, con una operación inmobiliaria de alto perfil.
En 2016, Canales compró una propiedad en Jesús María por un valor de $1.2 millones (casi S/4 millones en aquel entonces). Sin embargo, documentos posteriores señalan que el verdadero propietario era César Acuña Peralta, líder del partido Alianza Para el Progreso (APP) y actual gobernador regional de La Libertad.
Según la investigación, Canales y su esposa registraron la propiedad a su nombre tras realizar el pago mediante cheques de gerencia. No obstante, en 2018, una minuta notarial formalizó que el inmueble ubicado en el Jr. Gregorio Escobedo 888 pertenecía en realidad a Acuña. Este documento dejó en claro que los fondos utilizados para la transacción provenían directamente del fundador de APP.
«Dinero de César Acuña»
En declaraciones telefónicas a Cuarto Poder, Canales reconoció que no utilizó dinero propio para la compra. “El dinero fue de don César Acuña”, aseguró. Según explicó, la adquisición se realizó bajo un «contrato de mandato sin representación», lo que significa que actuó en nombre de Acuña pero sin que este apareciera como comprador.
Cuando se le preguntó por qué Acuña no compró directamente el inmueble, Canales argumentó que los propietarios se habrían negado a tratar con el líder político debido a su vinculación con APP. “Los propietarios no tenían afecto por el partido y pedían muchas condiciones. El señor Acuña, al ser una persona ocupada, me encargó realizar la compra”, detalló.
El reportaje también reveló que tras esta transacción, Canales recibió contratos por honorarios en el Gobierno Regional de La Libertad, institución liderada entonces por Alianza Para el Progreso. En total, Canales habría recibido S/240 mil por servicios legales.
Este vínculo entre la operación inmobiliaria y los contratos posteriores en la región gobernada por APP genera dudas sobre posibles conflictos de interés. Aunque Canales defendió su trayectoria profesional, no pudo evitar el cuestionamiento ético de su relación con Acuña y el uso de su posición en una operación de tal magnitud.
La Defensoría del Pueblo, institución que Canales representa actualmente como jefe de Gabinete, no respondió a las interrogantes sobre su designación ni sobre los vínculos con César Acuña. Por su parte, Acuña tampoco brindó declaraciones respecto al caso.
El hecho ha puesto bajo la lupa no solo al funcionario, sino también a la transparencia en las designaciones dentro de la Defensoría del Pueblo, una entidad que, en teoría, debe operar con independencia política.
