El congresista Juan Burgos Oliveros, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, enfrenta una denuncia penal presentada por su colega Héctor Valer Pinto, parlamentario de la bancada Somos Perú, quien lo acusa de presunta usurpación de funciones.
La denuncia, interpuesta ante el Ministerio Público, sostiene que Burgos habría asumido competencias exclusivas del Ministerio Público en el marco de sus actividades parlamentarias.
Según Valer, el legislador liberteño habría iniciado investigaciones penales relacionadas con casos como el «Cofre Presidencial» y la presunta «Red de Prostitución en el Congreso» sin contar con la autorización del Pleno del Congreso, contraviniendo lo establecido en la Constitución y el reglamento interno del Parlamento.
Estas acciones, según la denuncia, implican que Burgos habría convocado a funcionarios y servidores públicos para que brinden declaraciones y testimonios, además de haber solicitado información a diversas entidades del Estado, atribuyéndose competencias que no le corresponden.
La acusación presentada por Valer Pinto hace énfasis en el artículo 361 del Código Penal, que tipifica el delito de usurpación de funciones. En su denuncia, el congresista de Somos Perú sostiene que Burgos ha actuado de manera indebida, al desempeñar funciones que son exclusivas del Ministerio Público, como la conducción de investigaciones penales y la recopilación de testimonios de ciudadanos y funcionarios.
«Solicitamos que se realice una investigación por el presunto delito de usurpación de funciones, dado que el referido congresista estaría realizando actividades propias del Ministerio Público sin tener competencia para ello. Estas acciones no solo son irregulares, sino que afectan la institucionalidad del Congreso y las facultades del Poder Judicial», detalla el documento presentado.
La denuncia contra Burgos Oliveros genera controversia en un contexto de constante tensión entre las diferentes bancadas del Congreso. Algunos parlamentarios han manifestado su respaldo a Valer Pinto, mientras que otros consideran que las acciones de Burgos podrían interpretarse como parte de sus atribuciones en el marco de su rol en la Comisión de Fiscalización.
El caso pone en discusión los límites del accionar de las comisiones congresales en relación con la labor del Ministerio Público, así como las posibles sanciones que podrían derivarse de este tipo de denuncias. De comprobarse la usurpación de funciones, el congresista podría enfrentar no solo sanciones penales, sino también un eventual proceso de ética en el Parlamento.
Entre los casos señalados en la denuncia, destaca el «Cofre Presidencial», un asunto que Burgos habría estado investigando como parte de su labor en la Comisión de Fiscalización. Asimismo, el tema de la presunta «Red de Prostitución en el Congreso» ha generado gran revuelo en el ámbito político, siendo motivo de múltiples solicitudes de transparencia y fiscalización dentro del Legislativo.
Por su parte, Burgos no ha emitido declaraciones públicas respecto a la denuncia presentada en su contra. Sin embargo, se espera que en los próximos días el congresista brinde su versión de los hechos y aclare su accionar en el marco de las competencias que le otorga su cargo como presidente de la Comisión de Fiscalización.