En un giro preocupante para la lucha contra la minería ilegal en La Libertad, el Pleno del Congreso aprobó la derogatoria del decreto legislativo 1607, una normativa considerada clave en el combate contra este flagelo. Esta medida ha generado críticas y cuestionamientos por parte de expertos y autoridades regionales, quienes ven en esta acción un retroceso en la lucha contra el crimen organizado asociado a la minería ilegal.
Greco Quiroz, expresidente de la Comisión de Minas del Consejo Regional de La Libertad, expresó su preocupación y lamentó la derogación de esta norma. Quiroz señaló que el decreto legislativo 1607 otorgaba facultades a la Policía para intervenir a los mineros ilegales que transporten armamento y explosivos, elementos cruciales utilizados por estos grupos delictivos en sus actividades ilícitas.
«Es un golpe a la lucha contra el crimen organizado, contra la minería ilegal porque ha derogado la primera disposición del decreto legislativo 1607 que le daba facultades a la Policía para intervenir a los mineros que transporten armamento y explosivos. La minería ilegal usa dinamita y explosivos que luego terminan siendo utilizadas por los delincuentes implicados en extorsión», manifestó Quiroz.
La derogación de esta normativa representa un retroceso en los esfuerzos por frenar el avance de la criminalidad organizada asociada a la minería ilegal en el país. Según Quiroz, esta acción podría incentivar y promover la actividad delictiva, generando un doble discurso en las políticas de seguridad ciudadana. Por un lado, se habla de combatir la inseguridad, pero por otro lado, se deroga una norma que contribuía significativamente a este combate.
«Lo que se hace es incentivar y promover la criminalidad organizada. Hay un doble discurso, por un lado, dicen combatir la inseguridad ciudadana y, por otro lado, derogan una norma que nos ayudaba a combatir. Yo espero que la presidenta no promulgue esa Ley y la observe», añadió Quiroz.
Esta decisión del Congreso ha generado preocupación en La Libertad y en todo el país, ya que pone en entredicho los esfuerzos por controlar y erradicar la minería ilegal, una actividad que no solo afecta el medio ambiente, sino también alimenta actividades delictivas y la expansión de la criminalidad organizada en diversas regiones.
