Una disputa legal ha estallado entre una de las principales compañías mineras del país y el órgano legislativo regional de La Libertad. La Compañía Minera Poderosa ha presentado una demanda de amparo ante el Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima contra el Consejo Regional de La Libertad, luego de que este derogara un acuerdo que, apenas cinco meses antes, había declarado de interés regional un ambicioso proyecto minero en la provincia de Sánchez Carrión.
La controversia se remonta a noviembre de 2023, cuando el Consejo Regional aprobó el Acuerdo Regional N° 00170-2023-GRLL-CR. Este documento, respaldado por informes técnicos y legales, declaraba de interés regional la propuesta de Poderosa para ejecutar un conjunto de infraestructuras mineras en el distrito de Sartimbamba: depósitos de relaves, desmonte, una planta de filtrado y áreas de conservación natural.
Según la empresa, esta iniciativa se enmarcaba en una estrategia de expansión sostenible que incluía compromisos ambientales y de desarrollo local, y respondía a las metas del Plan de Desarrollo Concertado de La Libertad. “Era un proyecto de gran envergadura para la región”, sostienen voceros de la minera.
Pero el 19 de abril de 2024, el mismo Consejo que había dado luz verde al proyecto aprobó el Acuerdo Regional N° 000056-2024-GRLL-CR, con el cual dejó sin efecto la decisión anterior. El cambio fue, según la empresa, “arbitrario” y “express”.
La consejera delegada, Lorena Carranza, explicó que el replanteamiento se debió a la presencia de población y cultivos en el área de intervención. “El Consejo evaluó nuevamente el contexto territorial y social. No se puede declarar de interés regional un proyecto que afecta a comunidades y zonas productivas sin el debido consenso”, afirmó en declaraciones recientes.
Carranza reconoció que el respaldo inicial al proyecto minero se basó en los informes favorables proporcionados por las áreas técnicas. Pero también admitió una omisión crucial: la falta de comunicación con la población local.
“Los informes de las gerencias correspondientes señalaban que eran terrenos eriazos, que no había agricultura, que no había vida (humana ni animal); sin embargo, nunca se había compartido esta información con la población, que sí tiene siembras y está presente en la zona”, afirmó Carranza.
Esta revelación fue clave para que el Consejo decidiera anular el acuerdo inicial. Para Carranza, se trató de un acto de responsabilidad social y política: “El reglamento interno y la Ley Orgánica de Consejos Regionales señalan que el consejero se debe a la población y a un propósito, y nuestro propósito es defender los intereses de la población”, sostuvo.
La presidenta del Consejo también aseguró que el procurador regional ya ha recibido las instrucciones para sustentar la defensa legal del nuevo acuerdo, argumentando que responde al mandato constitucional de representar los intereses de la ciudadanía.
Sin embargo, desde la empresa cuestionan el procedimiento seguido por el Consejo para revocar la declaración de interés. Alegan vicios legales en el proceso y denuncian que se truncaron gestiones avanzadas para acceder a los terrenos proyectados, afectando el cronograma de trabajo y la planificación financiera de la compañía.
Ante estos hechos, Poderosa interpuso una demanda de amparo solicitando que se declare nulo el segundo acuerdo (N° 000056-2024) y se valide nuevamente el acuerdo inicial (N° 00170-2023). En su demanda, argumentan que el cambio de postura del Consejo vulnera derechos constitucionales vinculados al principio de legalidad y a la predictibilidad del actuar estatal.
