Un nuevo informe de la Contraloría General de la República pone bajo la lupa el proceso de contratación docente en La Libertad. El órgano de control detectó que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 03 Trujillo Noroeste adjudicó una plaza para el nivel primario a una postulante que no contaba con el título profesional requerido para ejercer la docencia, situación que le permitió desempeñarse durante casi diez meses en una institución educativa pública de Trujillo.
El caso, que ya fue comunicado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, también compromete a integrantes del comité responsable del proceso de contratación, quienes habrían validado la documentación presentada por la postulante pese a que no cumplía con los requisitos exigidos.
Una plaza docente adjudicada sin cumplir el requisito principal
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 013-2026-2-0726-SCE, la Contraloría verificó que la postulante únicamente acreditó el grado académico de bachiller en Educación y un título de Enfermería Técnica.
Sin embargo, para acceder a una plaza de docente de Educación Primaria era indispensable contar con el título profesional correspondiente, requisito que, según el órgano de control, no fue acreditado durante el proceso.
Pese a ello, la aspirante presentó una declaración jurada afirmando que cumplía con las condiciones de formación académica establecidas para la contratación docente.
Ejerció como docente durante casi todo el año escolar
La irregularidad permitió que la postulante obtuviera una plaza en la Institución Educativa N.° 81011 Antonio Raimondi, en la ciudad de Trujillo, donde laboró desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025.
La adjudicación se produjo luego de participar en el proceso de contratación y renovación docente convocado por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), tras haber quedado habilitada para la etapa descentralizada como resultado del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2024.
La Contraloría sostiene que el Comité de Contrataciones de la UGEL 03 Trujillo Noroeste tenía la obligación de verificar el cumplimiento de todos los requisitos antes de publicar el cuadro final de méritos.
No obstante, la postulante fue ubicada en el puesto 55 del grupo correspondiente a Educación Básica Regular – Nivel Primario, posición que finalmente le permitió acceder al puesto.
Como consecuencia de las observaciones detectadas, el informe atribuye presunta responsabilidad penal no solo a la postulante, sino también al presidente, al secretario y a uno de los integrantes del comité que validó la evaluación, aprobó su incorporación al cuadro de méritos y autorizó la adjudicación de la plaza.
El caso pasa a la Procuraduría y a la UGEL
Tras concluir el servicio de control, la Contraloría remitió el informe a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que evalúe el inicio de las acciones penales correspondientes.
Asimismo, la UGEL 03 Trujillo Noroeste deberá iniciar el procedimiento para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Si las investigaciones confirman las presuntas irregularidades advertidas por la Contraloría, tanto la postulante como los funcionarios involucrados podrían enfrentar procesos administrativos y penales.
El caso también reabre el debate sobre los mecanismos de control en los procesos de contratación docente y la necesidad de reforzar la verificación documental para garantizar que las plazas en las instituciones educativas públicas sean ocupadas por profesionales que cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley.
