La Contraloría General de la República inició una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos realizados por la Municipalidad Provincial de Trujillo en los últimos años, con el fin de contribuir a la investigación que lidera el Ministerio Público sobre el colapso del techo en el centro comercial Real Plaza que dejó seis muertos y 80 heridos.
El objetivo es determinar si se cumplieron con las normas de seguridad exigidas para el funcionamiento de este tipo de establecimientos y si hubo negligencia en la emisión de los certificados correspondientes.
El foco de la investigación está puesto en la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento que certifica que un inmueble cumple con las medidas de seguridad requeridas para su operación. Se analizarán los certificados emitidos desde la remodelación del patio de comidas siniestrado y, con ello, la responsabilidad que podrían tener las gestiones municipales que abarcan desde el 2015 hasta la fecha. Los periodos comprendidos en esta evaluación incluyen a las administraciones de los exalcaldes Elidio Espinoza (2015-2018), Daniel Marcelo (2019-2020), José Ruiz (2020-2022), Arturo Fernández (2023-2024) y la actual gestión de Mario Reyna.
Además de verificar la correcta emisión de los certificados ITSE, la Contraloría también revisará si los funcionarios que han ocupado cargos clave en la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil y la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres cumplieron con el perfil del puesto. La finalidad de esta evaluación es determinar si quienes estuvieron a cargo de otorgar autorizaciones contaban con la preparación y competencia necesarias para garantizar la seguridad en las edificaciones comerciales de Trujillo.
En el marco de esta acción de control, el gerente regional de control de La Libertad, William León Huertas, y la auditora a cargo del equipo de recopilación de información, Mariela Huerta, sostuvieron una reunión con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas. En este encuentro, se coordinaron las acciones necesarias para que la información recopilada por la Contraloría complemente las investigaciones del Ministerio Público, evitando la duplicidad de esfuerzos y agilizando el esclarecimiento de responsabilidades.
“La Contraloría busca verificar que los procedimientos llevados a cabo por la Municipalidad Provincial de Trujillo cumplan con la normativa vigente. Esto permitirá contribuir con la investigación fiscal desde una perspectiva técnica y prevenir tragedias similares en el futuro”, indicaron fuentes de la entidad fiscalizadora.
