La reciente designación de María del Carmen Olórtegui Risco como comisionada de la Defensoría del Pueblo en La Libertad ha desatado una controversia que ahora es materia de investigación por parte de la Contraloría General de la República. La entidad fiscalizadora ha solicitado información «urgente» sobre su nombramiento, en medio de cuestionamientos que apuntan a posibles intereses políticos detrás de su designación.
Desde que asumió el cargo en noviembre de 2024, Olórtegui Risco ha sido objeto de críticas debido a su presunta falta de experiencia en gestión pública y a su militancia en el partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por el gobernador regional César Acuña Peralta.
El requerimiento formal de la Contraloría, emitido el 27 de enero y firmado por William León Huertas, gerente regional de Control de La Libertad, le otorga a la jefa de la Defensoría un plazo de tres días hábiles para remitir la documentación que respalde su designación.
A pesar de la controversia, Olórtegui Risco sostiene que su nombramiento fue legítimo y que la solicitud de información de la Contraloría «es parte de un proceso rutinario». En declaraciones a los medios, la funcionaria reiteró que no hay nada irregular en su designación y que el área competente ya está respondiendo el requerimiento.
Además, desestimó las críticas sobre su perfil profesional, alegando que no es necesario ser abogado para ocupar el cargo. La ahora comisionada de la Defensoría del Pueblo es psicóloga de profesión y ha trabajado como encargada del área de Responsabilidad Social y jefa de Desarrollo de Talentos en la Universidad César Vallejo (UCV), institución educativa vinculada al líder de APP, César Acuña.
“No hay ningún problema. La costumbre siempre ha sido que el cargo lo ocupe un abogado, pero no es un requisito obligatorio. Considero que esta solicitud de información es algo de rutina y como no hay nada que esconder, ya hemos contestado”, declaró Olórtegui Risco.
Sobre su militancia en Alianza para el Progreso, la funcionaria aclaró que solicitó licencia, aunque no ha renunciado formalmente al partido político.
Uno de los puntos más polémicos de su nombramiento es que la Defensoría del Pueblo es una institución que debe mantener independencia y neutralidad política en su actuar. La presencia de una militante de APP en un cargo clave ha levantado suspicacias sobre una posible influencia del partido en la entidad.
Además, diversos sectores han cuestionado su falta de experiencia en gestión pública, argumentando que su formación como psicóloga y su trayectoria en el sector académico no la calificarían para un cargo de esta naturaleza, el cual históricamente ha sido ocupado por abogados especializados en derechos humanos y administración pública.
El pedido de información de la Contraloría busca determinar si la designación de Olórtegui Risco se realizó bajo criterios técnicos o si estuvo influenciada por intereses políticos. Dependiendo de los hallazgos, el órgano fiscalizador podría recomendar su remoción del cargo o sanciones administrativas si se detecta alguna irregularidad en el proceso.
