El programa «Pro Compite 2023» del Gobierno Regional de La Libertad, diseñado para promover la competitividad y el desarrollo económico de las empresas locales, ha quedado bajo la lupa de la Contraloría General de la República debido a denuncias de presuntas irregularidades en su gestión. La investigación fue solicitada por el propio gerente general del Gobierno Regional, Martín Namay Valderrama, tras identificar inconsistencias en el manejo del programa.
Según lo declarado por Namay Valderrama, «se han encontrado presuntas irregularidades que el gobernador ha tomado conocimiento y ha solicitado se investigue». Como consecuencia, se produjo el cambio del entonces gerente de Producción, Juan José Fort, siendo reemplazado por la gerenta de Turismo para garantizar la continuidad de las operaciones mientras se realiza la auditoría. Esta decisión marcó el inicio de un proceso que busca esclarecer las dudas sobre el manejo de un programa clave para la región.
El gerente general también solicitó la intervención de la Oficina de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional para evaluar el desarrollo del programa y determinar si hubo faltas administrativas o delitos. En respuesta, la Contraloría ha conformado un equipo especializado para llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Equipo investigador y alcance
La jefa de la OCI, María Sánchez Quezada, informó que un equipo conformado por profesionales ha sido designado para liderar las indagaciones. Este grupo, encabezado por Claudia Sullón Olivero como supervisora y Manuel Medina Ruiz como jefe de equipo, está compuesto por Edwin Agreda Aguirre, Jorge Ulfe Javier, Neiser Rubio Gálvez y Luz Pesantes Aldana. Su misión es recopilar información detallada sobre los procesos administrativos y financieros del programa «Pro Compite 2023» y determinar si existieron irregularidades en su ejecución.
En un comunicado oficial, Sánchez Quezada subrayó la importancia de la colaboración de todas las entidades y funcionarios relacionados con el programa para facilitar el trabajo del equipo investigador. Este enfoque apunta a garantizar la transparencia en el proceso y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.
Impacto en el Gobierno Regional
Las denuncias han generado preocupación entre las autoridades regionales y las empresas beneficiarias del programa. «Pro Compite» es considerado un pilar fundamental para mejorar la competitividad de las empresas locales y, por ende, el desarrollo económico de la región. Cualquier irregularidad en su ejecución podría comprometer el propósito del programa y afectar a miles de micro y pequeñas empresas que dependen de su apoyo.
El gerente general, Martín Namay, aseguró que el Gobierno Regional está comprometido con esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, de confirmarse las denuncias. «Nuestro objetivo es garantizar que este programa cumpla con los estándares de transparencia y eficiencia que demanda la población», expresó.
