La Contraloría General de la República detectó una nueva irregularidad en el Gobierno Regional de La Libertad. Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 072-2025-2-5342-AOP, el actual gerente regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Víctor Lizarzaburu Solórzano, trabajó entre el 1 de enero y el 14 de agosto de 2025 sin estar habilitado en su colegio profesional, requisito indispensable para ejercer el cargo.
El documento, publicado el 19 de septiembre de 2025, sostiene que el funcionario desempeñó funciones durante siete meses y medio sin cumplir las condiciones legales establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del Gobierno Regional, lo cual —según el órgano de control— afecta los principios de transparencia, legalidad y probidad en la administración pública.
De acuerdo al MOF, para ocupar el cargo de Director de Sistema Administrativo IV: Gerente Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, el postulante debe contar con título universitario en Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines, y además estar colegiado y habilitado en su respectiva orden profesional.
No obstante, la Contraloría comprobó que Lizarzaburu Solórzano no contaba con habilitación vigente durante gran parte del año. En su investigación, el órgano fiscalizador ofició al Colegio de Economistas de La Libertad, el cual confirmó que el gerente recién pagó sus cuotas el 14 de agosto de 2025, regularizando su situación de manera tardía.
“El citado profesional no se encontraba habilitado entre el 1 de enero y el 14 de agosto de 2025, situación que fue posteriormente regularizada, estando habilitado desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2025”, precisa el informe.
Frente a esta situación, la Contraloría ofició el 19 de septiembre al gobernador regional César Acuña Peralta, advirtiendo indicios de irregularidad en la designación del funcionario y solicitando adoptar las medidas correctivas correspondientes.
El informe recuerda que la falta de habilitación profesional invalida el ejercicio formal del cargo y vulnera la normativa que regula el acceso y permanencia en los puestos directivos del aparato estatal.
Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno Regional de La Libertad no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso ni ha informado si se adoptarán sanciones o acciones administrativas.
