En Puerto Malabrigo, una comunidad conocida por su dedicación a la pesca artesanal, el descontento de los pescadores ha llegado a un punto crítico. Cientos de pescadores, acompañados por sus familias, tomaron las calles del puerto para manifestar su rechazo a la reciente reducción del precio de la tonelada de anchoveta, un golpe que amenaza la estabilidad económica de la región y la subsistencia de cientos de hogares.
Con pancartas en mano y gritos que resonaban en todo el puerto, los pescadores denunciaron la drástica caída en el precio de la tonelada de anchoveta, que ahora se paga a tan solo 300 soles, marcando una reducción de más del 20 % respecto al año anterior. Esta situación, que ocurre en un contexto de aumento en los costos operativos y desafíos climáticos, ha generado una profunda preocupación en este sector, que depende casi exclusivamente de la pesca para sobrevivir.
«Estamos trabajando a pérdida. El precio de la anchoveta no alcanza ni para cubrir el combustible de nuestras embarcaciones», comentó Juan Pérez, un experimentado pescador con más de dos décadas en la actividad. Pérez, al igual que muchos de sus colegas, enfrenta la incertidumbre de no saber cómo cubrirá los gastos familiares o si podrá mantener su negocio a flote.
Ana Ramírez, vocera de los pescadores, también alzó la voz para exigir a las autoridades y empresas pesqueras una valoración más justa del trabajo que realizan los hombres y mujeres de mar. «La pesca no solo alimenta a nuestras familias, también es un pilar fundamental para la economía del país. Exigimos precios justos y transparencia en el proceso de comercialización», declaró.
La reducción en los precios afecta no solo a los pescadores, sino también a toda la economía local. La anchoveta, además de ser un alimento básico para las comunidades costeras, es un insumo clave para la producción de harina de pescado, un producto de alta demanda en los mercados internacionales. Sin un precio competitivo, la actividad se vuelve insostenible, poniendo en riesgo miles de empleos y afectando la cadena de suministro global.
El panorama es especialmente preocupante para las familias que dependen de esta actividad. Muchas reportan haber reducido su consumo y gastos básicos, mientras que otras evalúan buscar alternativas laborales, aunque el mercado local ofrece pocas oportunidades fuera de la pesca.
Entre las demandas más urgentes de los pescadores está la intervención inmediata del gobierno a través del Ministerio de la Producción. Los manifestantes piden la implementación de políticas que regulen el precio de la anchoveta, subsidios para cubrir los costos operativos y mayor transparencia por parte de las empresas pesqueras en los criterios que determinan el valor del producto.
“Si no obtenemos respuestas, vamos a radicalizar nuestras medidas. Estamos dispuestos a bloquear las principales carreteras de la región hasta que nuestras demandas sean escuchadas”, advirtió Ana Ramírez, reflejando el sentir generalizado de frustración y desesperación.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de la Producción no ha emitido un comunicado oficial sobre la crisis en Puerto Malabrigo. Sin embargo, se ha confirmado una reunión entre representantes del gremio pesquero y funcionarios gubernamentales en los próximos días. Las expectativas son altas, pero también lo es la desconfianza de los pescadores, quienes aseguran haber enfrentado promesas incumplidas en el pasado.
