El microempresario Wilson Espejo Guerra denunció que la entidad financiera Caja Trujillo estaría cometiendo un presunto fraude procesal para arrebatarle su casa-taller familiar, ubicada en la calle De la Torre Ugarte N.° 517, en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo.
De acuerdo con Espejo, el caso se tramita desde hace años en el 5.º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad bajo el expediente N.° 2272-2017. La controversia también fue denunciada penalmente ante la 2.ª Fiscalía Provincial de Trujillo (Carpeta N.° 5217-2023) y de manera paralela se presentó una demanda de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta (Exp. N.° 163-2023), en trámite en el 1.er Juzgado Civil.
Acusaciones contra magistrados
El empresario sostiene que el juez Felipe Pérez Cedamanos habría ordenado en primera instancia el pago de S/ 243 mil a favor de la Caja Trujillo, pese a que la deuda hipotecaria ascendía únicamente a S/ 80 mil, situación luego corregida por la Sala Civil. Posteriormente, se dispuso el remate del inmueble sin que la Caja cumpliera con el pago de la tasa judicial correspondiente y se adjudicó la propiedad a Ming William Yuen Sam, quien —según la denuncia— tampoco cumplió con depositar lo exigido como postor.
Asimismo, Espejo acusa a la jueza Eliza Delgado Suárez del 1.er Juzgado Civil de haber incurrido en maniobras dilatorias al declarar una caducidad inexistente y suspender el proceso por casi dos años, decisión que más tarde fue revocada por la Primera Sala Civil. Durante este periodo, afirma, el adjudicatario habría acelerado las gestiones para ejecutar el lanzamiento.
Lanzamiento programado
El microempresario advirtió que se fijó una nueva fecha de lanzamiento para el 25 de septiembre de 2025, pese a que la ley procesal exige resolver previamente la demanda de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Por ello, ha solicitado al Juzgado Civil de El Porvenir, encargado de la ejecución, así como al 5.º Juzgado Civil de Trujillo, suspender dicha diligencia en cumplimiento del artículo 320° del Código Procesal Civil.
Espejo sostiene que este caso representa un “crimen financiero” que vulnera los derechos de la micro y pequeña empresa, ya que se pretende desconocer el principio de legalidad y el derecho de defensa de su familia. “Toda deuda debe pagarse, pero conforme a lo contratado y al orden legal vigente. Lo que no se puede permitir es que se utilicen maniobras fraudulentas para despojar a familias enteras de su patrimonio”, subrayó.
