El caso de Santos Wilder Vigo Villanueva emerge como un claro ejemplo de las deficiencias estructurales que afligen al sistema judicial peruano, particularmente en la tramitación de procedimientos aparentemente rutinarios como las solicitudes de liberación condicional. Este retraso procesal no solo afecta la vida de un individuo, sino que también pone en entredicho la eficiencia y la eficacia en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y en la esfera nacional.
El laberinto comenzó cuando Santos Wilder Vigo Villanueva, representado por su abogado José Martin Ordinola Vieyra, solicitó la liberación condicional el 16 de agosto de 2022, después de cumplir con los requisitos penitenciarios necesarios para su reintegración a la sociedad. La documentación fue debidamente enviada por el director del penal El Milagro de Trujillo en octubre del mismo año, lo que debería haber marcado el comienzo de un proceso fluido y estructurado.
Sin embargo, lo que siguió fue un itinerario de retrasos y papeleo excesivo, donde el expediente fue remitido erráticamente entre varias entidades. De la Sala Mixta Descentralizada de Sánchez Carrión al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en Lima, el expediente de Vigo Villanueva se convirtió en un símbolo de la ineficiencia judicial.
“Estamos viendo no solo un caso de retardo injustificado, sino también un fracaso en proporcionar una respuesta justa y oportuna a aquellos bajo la tutela del sistema penitenciario”, señaló Ordinola Vieyra. Este caso es emblemático de los obstáculos burocráticos que impiden que el sistema judicial funcione con la celeridad y eficacia que se espera en una sociedad que valora el estado de derecho.
La queja formal elevada por el abogado Ordinola ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial busca precipitar no solo la resolución del caso de Vigo Villanueva, sino también iluminar las fallas sistemáticas que permiten tales retrasos. “No se trata solo de un individuo; es un indicativo de un problema mucho más grave y extenso que afecta a muchos dentro de nuestro sistema judicial”, afirmó el letrado.
El futuro del caso de Vigo Villanueva sigue en suspenso, y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial tiene ahora la responsabilidad no solo de resolver este incidente específico, sino también de tomar medidas para reformar y mejorar el proceso de toma de decisiones dentro del Poder Judicial. La sociedad espera que se implementen reformas que garanticen que los derechos de los individuos estén protegidos de manera efectiva y que los procedimientos judiciales no se conviertan en odiseas prolongadas que nieguen la justicia que se promete bajo la ley peruana.