En una acción contundente contra la minería ilegal, las fuerzas del orden ejecutaron un operativo en el distrito y provincia de Pataz, en La Libertad, logrando intervenir y destruir activos valorados en más de 3 millones de soles. Este operativo se enmarca en el estado de emergencia declarado en la provincia, donde las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional, lideran el control del orden interno.
El operativo, llevado a cabo entre el miércoles 13 y jueves 14 de marzo, resultó en la intervención y demolición de cuatro socavones y tres campamentos mineros rústicos, así como la incautación y destrucción de materiales, herramientas e insumos utilizados para la actividad ilegal.
Las acciones de interdicción de socavones y campamentos mineros ilegales estuvieron a cargo de agentes policiales, con el respaldo de patrullas militares del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ). La labor de las patrullas militares se centró en brindar protección y seguridad a la fuerza policial durante el operativo.
En el sector La Porfidia, se desmanteló un campamento minero, dos socavones y se incautaron una serie de elementos utilizados en la minería ilegal, incluyendo tanques de oxígeno, galones de petróleo, mangueras, carritos mineros, colchones, anfo artesanal, motores electrógenos y sacos de mineral en bruto, entre otros.
Por su parte, en el sector Magalpa, se realizó la destrucción de dos campamentos mineros, dos socavones y se confiscaron grandes cantidades de mineral, equipos y herramientas relacionadas con la actividad ilícita. Además, se detuvo a una persona por su presunta implicación en la minería ilegal.
Es importante destacar que durante el operativo, el personal militar integrante de las patrullas actuó respetando los derechos humanos y siguiendo las reglas establecidas en el decreto legislativo 1095, que regula el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Estas acciones demuestran el compromiso de las autoridades en combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales de la región, así como en garantizar un desarrollo sostenible y seguro para la población afectada por esta actividad ilegal.
