La historiadora y experta en gestión cultural Diana Guerra Chirinos expresó su profunda indignación ante el asesinato del joven músico y activista cultural Eduardo Ruiz Sanz, ocurrido durante las protestas en el centro de Lima, presuntamente a manos de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).
A través de sus redes sociales, Guerra criticó duramente el silencio del Ministerio de Cultura (Mincul) frente al crimen del joven rapero, quien además era referente del hip hop y promotor de proyectos culturales que el propio ministerio tenía previsto desarrollar junto a él el próximo año.
“¿Estás esperando que el Ministerio de Cultura saque un comunicado lamentando el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz por parte de la Policía Nacional del Perú, en tanto era un músico, referente del hip hop, con el que sus propios funcionarios coordinaban y trabajaban proyectos para el próximo año?”, escribió la especialista.
Guerra denunció que un comunicado propuesto por un área técnica del Mincul permanece sin aprobación desde tempranas horas del día, pese a la gravedad del hecho. “El comunicado espera desde primera hora la aprobación, pero no se oye madre”, señaló, evidenciando la falta de respuesta institucional.
La historiadora también cuestionó la ausencia de responsabilidad política dentro del Gobierno, al afirmar que no solo debía emitirse un pronunciamiento oficial, sino también presentarse renuncias ministeriales ante la vulneración del derecho a la vida.
“No solo debería haber salido el comunicado, también deberían haber salido algunas cartas de renuncia de este y otras carteras ministeriales, al menos si no quieres formar parte de un gobierno para el que mantener el orden público es más relevante que respetar la vida de las personas”, enfatizó.
El asesinato de Eduardo Ruiz, conocido por su compromiso con el arte urbano y la transformación social desde la cultura, ha provocado una ola de indignación en colectivos culturales, organizaciones de derechos humanos y artistas independientes, que exigen justicia y una postura clara del Estado frente al abuso policial.
