Una grave irregularidad administrativa habría ocurrido en la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión – Huamachuco, donde los regidores aprobaron y cobraron un incremento en sus dietas sin contar con la autorización legal correspondiente, contraviniendo lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del Sector Público y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Fuentes municipales confirmaron que el aumento fue aprobado por el concejo y aplicado en las planillas, pese a que el Decreto Supremo del Poder Ejecutivo —que fija los límites de remuneraciones y dietas— aún no había sido emitido.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Presupuesto, queda expresamente prohibido cualquier reajuste o incremento de ingresos en el sector público sin norma habilitante. No obstante, los regidores de Huamachuco habrían procedido al cobro del aumento durante los últimos meses, situación que ya generó alerta en los organismos de control.
La Contraloría General de la República confirmó que ya tiene conocimiento del caso y que se encuentra evaluando acciones de control para determinar si existieron irregularidades en la aprobación y el pago de las dietas, así como la posible responsabilidad administrativa, civil o penal de los implicados.
Especialistas en gestión pública advierten que el acuerdo de concejo que aprobó el aumento podría ser declarado nulo de pleno derecho, al carecer de base legal. Además, recordaron que los funcionarios que autorizaron o avalaron dichos pagos podrían ser denunciados por los delitos de peculado o negociación incompatible, según el Código Penal.
El caso de Huamachuco no sería aislado. Según fuentes de la Contraloría, otras municipalidades provinciales y distritales de La Libertad habrían incurrido en el mismo error, lo que podría derivar en la devolución obligatoria de los montos cobrados indebidamente.
La Contraloría exhortó a las autoridades locales a respetar los límites presupuestales y la legalidad del gasto público, recordando que el uso irregular de fondos municipales afecta la confianza ciudadana y vulnera la transparencia en la gestión pública.
